Por dar amparo a la Monarquía y no reconocer el derecho de autodeterminacion.
El pasado viernes, la CUP registró una moción para pedir en el Parlament que se declare el carácter “antidemocrático y antisocial” de la Constitución. Lo hace un mes después de que la Cámara catalana aprobara una resolución, a propuesta de los comuns, para reprobar al Rey y pedir la abolición de la Monarquía.
Es, precisamente, el amparo que la Carta Magna da a la Corona el fundamento por el que definen a la Constitución de este modo. “El jefe del Estado se construye de forma hereditaria en los descendientes del señor Juan Carlos de Borbón -proclamado rey de España en las Cortes franquistas- al que se le atribuyen facultades de intervención política no estando sujeto a responsabilidades”, reza el texto registrado.
Además, los cupaires pretenden que el Parlament denuncie formalmente que la máxima norma del Estado no reconoce el derecho de autodeterminación, “separa y divide naciones históricas y ni siquiera permite la federación de Comunidades Autónomas”, además de dar a las Fuerzas Armadas la misión de defender la integridad territorial, así como el ordenamiento constitucional y “mantiene privilegios para la jerarquía de la Iglesia Católica”.
Otro de los argumentos es que la Carta Magna “no posibilita otras formas de organizacion socioeconomica que no sea el capitalismo, que denomina economía de mercado y establece como sistema único”. Igualmente, la CUP dice que la Constitución no establece “el Derecho a la sanidad pública de calidad, las pensiones públicas garantizadas” ni otros derechos sociales como Derecho Fundamental, sin que sea exigible una normativa que lo desarrolle.
También reclama que, además del rechazo a la Carta Magna, el Govern lleve a cabo cambios en acciones políticas y normativas “de carácter democrático, soberano y social”, estableciendo el salario mínimo en 1.200 euros, sin posibilidad de rebaja, la enseñanza gratuita desde los 0 a 3 años hasta la universidad y la rebaja del 30% de las tasas universitarias para ya.
Dentro de las medidas que exigen, figura la imposición de un sistema fiscal redistributivo y progresivo que aumente los tramos del IRPF para rentas superiores a 60.000 euros, además de la reforma del Impuesto de Sucesiones, que debe “reducir el máximo exento en cualquier caso, excepto entre la pareja, e incrementar los tipos de forma progresiva, centrándose en grandes fortunas”.
Reclaman una regulación para la expropiación de viviendas vacías de la banca “con consideración en relación a la cuantía indemnizatoria de lo que el Estado les avanzó” en el rescate bancario, de forma que aumente el parque de vivienda pública con un precio de alquiler no superior al 30%. Igualmente, la recuperación de las concesiones, convenios y conciertos de la sanidad para transformarla en “pública directa” y la reducción en un 50% de las listas de espera.
Defienden la creación de “un observatorio de control, denuncia y transparencia en relación a las vulneraciones de Derechos Humanos por parte de los cuerpos de los Mossos d’Esquadra”, al hilo de las críticas vertidas hacia el Govern por no tomar medidas contra la cadena de mandos de este cuerpo autonómico con motivo de las cargas en Girona y Terrassa el 6 de diciembre.
Finalmente, solicitan que el Parlament muestre su apoyo a los “presos políticos, a las personas exiliadas y a todos los miles de personas represaliadas por el aparato del Estado español” por defender el derecho a la autodeterminación. La CUP reclama de la Cámara catalana que respalde el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y manifestación que puedan producirse el 21 de diciembre con motivo de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona y coincidiendo con el inicio de la “Macrocausa Catalunya” ante el Tribunal Supremo.
En un estado socialdemócrata representado por el Gobierno y en un estado de derecho con una Monarquía parlamentaria, no se pueden llevar a cabo las transformaciones que solicita la CUP que es un partido que pretende un sistema anti constitucionalista y anti capitalista. En España los que dan trabajo son las empresas no es el Estado, el sistema es capitalista y es el que está implantado en nuestro país. España no es un estado neo comunista y lo que la Cup pretende es inviable. La Cup está en contra del Capital, de todas las instituciones democráticas y también de la Iglesia, son antisistema y neo comunistas, son unos fanáticos, es la ultra izquierda rancia.