El Título VIII de la Constitución es la base sobre la que se ha estructurado España como un Estado Autonómico, aunque a la extrema derecha eso no le guste y quieran cambiar la Constitución para volver al sistema franquista y fuertemente centralizado. Ya sea a nivel legislativo o judicial, la organización territorial del Estado se han adaptado a un sistema descentralizado y por lo tanto con órganos más cercanos a la ciudadanía, pero con la diferencia de que cada 4 años la ciudadanía renueva los representantes políticos, pero no así los responsables de la estructura judicial, que lo hace por otro sistema menos directo.
La derecha y la extrema derecha tienen muchas cosas en común, pero desde luego su falta de respeto a la voluntad de la ciudadanía cuando les da la espalda, es algo que les lleva de la mano. Podemos ver como el PP obstaculiza la renovación de los órganos judiciales por ese otro método menos directo y quizás llevado por un interés oscuro relacionado con toda la carga de corrupción política de sus etapas de gobierno. Sin embargo, insiste de la mano de la ultraderecha, en forzar la disolución de un Gobierno legítimo y que está haciendo que España funcione.
El permanente recurso a la tensión social y crispación, a la que somete la derecha y la extrema derecha a España, es sin duda, un lastre que dificulta y ralentiza el progreso, lo que podríamos calificar de una actuación poco patriótica en el argot castrense que algunos tanto les gusta invocar. Cuando algunos de los verdaderos problemas de nuestro país son la pobreza infantil, la violencia de género o la precariedad laboral, para la derecha y la extrema derecha el único problema es que ellos no están gobernando y por lo tanto no pueden seguir recortando los servicios públicos, ni bajar los impuestos a los que tienen millones de euros. La clase trabajadora y los autónomos, no son el problema para Casado o Abascal.
La inutilidad de los gobiernos del PP la hemos podido volver a ver esta semana en las declaraciones del Presidente andaluz Moreno Bonilla, cuando se negaba a adoptar medidas contra la COVID19 por miedo a que la justicia las pudiese revocar. Si recordamos que no tuvo ningún reparo jurídico en convocar cientos de plazas para empleados públicos solamente enviando un correo electrónico y por orden de llegada, podemos ver que solamente es una excusa y que no teme a la justicia cuando le viene bien para sus intereses partidistas. Solamente demuestra que no tiene capacidad para gestionar los problemas de Andalucía, mientras culpa al Gobierno de España o a los ayuntamientos.