Así lo manifestó el embajador permanente ante la Unión Europea en la reunión del Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados Miembro.
Aunque no se hayan usado palabras como veto o bloqueo, lo cierto es que el Gobierno de España no aceptará el acuerdo alcanzado por Bruselas y Londres si no hay cambios concretos sobre la cuestión de Gibraltar. El embajador permanente ante la UE lo dejó claro en la reunión del fin de semana del COREPER.
Y ayer lo confirmó Josep Borrell, ministro de Exteriores, después de la celebración del Consejo de Asuntos Generales, una reunión que ha preparado la cumbre extraordinaria del domingo 25 en la que los jefes de Estado y de Gobierno deberán aprobar esa fase del Brexit.
En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez exige un cambio en el Acuerdo de Salida en el artículo 184, que, según Borrell, “ha aparecido de la noche a la mañana” y que “levanta dudas”. “Queremos que quede clara la interpretación de ese texto, de que las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea no se aplican a Gibraltar”, ha destacado.
Hizo hincapié en que “las negociaciones futuras sobre Gibraltar son negociaciones aparte”, y, en tanto en cuanto no se aclare “no podremos dar el visto bueno”. También se pide una mención expresa en la Declaración Política, un documento que también debe ser aprobado en la cumbre.
Y es que ese artículo levanta ampollas. Fuentes de la diplomacia española señalan que “el 184 ha aparecido el miércoles por la noche después de que lo viera la señora May y solo ella. No sabemos quién lo ha introducido. Tampoco sabemos quién a metido la cuestión de prorrogar el periodo de transición”.
En concreto, el texto dice: “La Unión y el Reino Unido realizarán sus mejores esfuerzos, de buena fe y en el pleno respeto de sus respectivas órdenes legales, para tomar las medidas necesarias para negociar de manera expedita los acuerdos que rigen su futura relación” y que se realizarán “los procedimientos pertinentes para la ratificación o conclusión de dichos acuerdos, con miras a garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible, a partir del final del periodo de transición”. La cuestión es que se omiten ciertos elementos.
Lo que no se dice es que todo lo relacionado con Gibraltar debe pasar por España. Así lo indican fuentes del Gobierno, que señalan que “no está clara la separación de dos negociaciones diferentes. Una es la de la Unión Europea con Londres sobre la relación futura con el Reino Unido. Y otra negociación es sobre el territorio de Gibraltar, en fase de descolonización y que no pertenece ni a Reino Unido ni a la unión Aduanera”.
El problema reside en que el Protocolo sobre Gibraltar incluido en el Acuerdo de Salida solo tiene validez hasta 2020, cuando termina el periodo de transición, y aunque hubiera prórroga, en 2020 se acaba en cualquiera de los casos. Esto no es suficiente para España.
Es en ese periodo de transición cuando se establecerán las relaciones futuras y de por vida entre la Unión Europea y Reino Unido. España exige que se deje clara la situación de Gibraltar y que se incluya, como se ha hecho en otras ocasiones, que para que haya un acuerdo a 28 debe haber uno bilateral con España.
Borrell ha insistido en que “hasta que conozcamos lo que dice la declaración política sobre la relación futura, no podemos aprobar el acuerdo de retirada porque ambas cosas van juntas. La señora May ha dicho que para ella es así. Para nosotros también”.
Para el Gobierno no es suficiente la referencia incluida en la Declaración Política porque es eso, solo una declaración sin vinculación legal. De ahí que se pida el cambio en el artículo 184 o se utilice otra fórmula “como que se incluya un texto anexo o una referencia en las conclusiones del próximo Consejo Europeo” porque, entonces, sí tendrá valor legal, señalan fuentes diplomáticas.
Por otro lado, explica el ministro de Exteriores, “ha habido varios países que han demostrado su comprensión sobre la situación que hemos planteado y pedido que se resuelva”.
Además, aunque la Comisión no ha respondido aún, Michel Barnier, negociador del Brexit por parte de la Unión Europea, “nos ha contestado que el servicio jurídico del Consejo nos daba todas las garantías, porque no van a poner una cosa en el Protocolo y otra en el artículo. Confiamos en que se va a arreglar”, indican fuentes oficiales españolas.