El Gobierno pone en marcha un plan para evitar bulos.
En el sistema electoral español no hay espacio para el fraude ya que se basa en el recuento manual de las papeletas, con interventores presentes y miembros de las mesas, y en caso de reclamación se puede repetir. Sin embargo, las campañas de desinformación y los resultados provisionales que habitualmente se avanzan en la noche electoral pueden crear confusión y dañar la confianza en el sistema. Precisamente, para Janis Sarts, director del Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, el objetivo de esas campañas desinformativas “no es obtener un resultado concreto, sino socavar la confianza en los resultados”.
Ante el ambiente tan sensible que envuelve la campaña electoral en Cataluña, en el que la Asamblea Nacional Catalana y la CUP han anunciado que harán un recuento paralelo al oficial mediante una aplicación, el Gobierno ha puesto en marcha un grupo de trabajo, que implica a varios ministerios, para garantizar que no se altere la normalidad del proceso electoral. Lo forman personal del Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Administración Pública, el Centro Criptológico Nacional y la Secretaría de Estado de Comunicación, y colaborarán el Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña. Indra, la compañía a la que se ha adjudicado el recuento provisional de votos estará supervisada por este grupo, que ya ha evaluado los riesgos que afrontar en el recuento provisional, ya que este es el periodo más sensible, que va desde el cierre de las urnas a las 20 horas del día 21 hasta la proclamación oficial de los resultados que estará entre el tercer y el sexto día.
Proliferación de páginas falsas
Entre las principales amenazas están un posible apagón en la difusión del recuento y la proliferación de páginas falsas con datos erróneos. Precisamente para que un ciberataque no pueda apagar la página oficial, se han aumentado las medidas de seguridad y se ha puesto a punto un dispositivo para que, con una orden judicial rápida, inmediatamente se puedan cerrar aquellas webs fraudulentas o los intentos de falsificar la web oficial.
Y es que los ciberactivistas de Anonymous se infiltraron durante 20 días en las redes de Indra, algo que la compañía ha admitido, si bien niega que se hayan comprometido datos de sus clientes y que pueda afectar al recuento electoral.
Por otra parte la Secretaria de Estado de Comunicación es la responsable de detectar las noticias falsas e intentar rebatirlas con más celo y rapidez de lo que se ha hecho hasta ahora, ya que en España no hay ninguna ley que permita atajarlas, a lo que se une que muchas de ellas vienen del extranjero. En cualquier caso, Janis Sarts reconoce que la mayor vulnerabilidad reside en la “falta de credibilidad de los gobiernos”.