También rechaza suprimir la Oficina de Conflictos de Intereses.
Según distintas fuentes, respecto a las enmiendas parciales registradas por los grupos parlamentarios sobre la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y la Protección de los Denunciantes, el PP no quiere que sea independiente la autoridad que gobierne el nuevo órgano que se cree para tramitar las denuncias sobre posibles casos de corrupción dentro de la Administración, sino que dependa del Ministerio Hacienda, así como que su presidente o director sea elegido por el Consejo de Ministros, y no por el Pleno del Congreso.
En cambio, PSOE y Unidos Podemos quieren que se mantenga el carácter independiente de este organismo, a la vez que Ciudadanos, como dice en su propuesta inicial, el máximo responsable sea un presidente. El PP apuesta por que sea un director nombrado por Consejo de Ministros a propuesta de Hacienda y que la persona elegida deberá ser aceptada por la Comisión competente del Congreso.
En lo que sí coinciden PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PP es en que el máximo responsable de ese organismo tenga un mandato de seis años no renovable. Además, Ciudadanos ha enmendado su propia propuesta de forma que, ahora dicen, el presidente de esta autoridad independiente sea elegido con una mayoría reforzada de dos tercios, en vez de tres quintos que era la propuesta inicial y que PSOE y Unidos Podemos mantienen.
Límites y elección
El PP pone límites a los elegibles de forma que el director o presidente no haya ocupado un alto cargo o asimilado, desempeñado un mandato representativo, o de elección o designación política, o funciones directivas en partidos políticos y organizaciones sindicales.
Por su lado, el PSOE quiere que los aspirantes concurran a una convocatoria pública y que un comité asesor evalúe su idoneidad, con independencia de que comparezcan en la Comisión competente, a la vez que propone que los requisitos para ser presidente sean los mismos que se exigen para acceder a un alto cargo de la Administración General del Estado.
En cambio, Ciudadanos es partidario de que los candidatos sean propuestos por los grupos parlamentarios y comparezcan ante la comisión pertinente, pero también que sean personas de reconocido prestigio, con una dilatada experiencia profesional en materias semejantes, a la vez de coincidir con el PP en las limitaciones de haber desempeñado cargos relevantes anteriormente.
Podemos quiere restringir aún más las condiciones, añadiendo a las que ya fija la propuesta de ley que no puedan ser elegidos jueces o fiscales en activo, aquellas personas que estén en un consejo de administración o sea directivo o asesor de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones sin ánimo de lucro, o que estén ejerciendo cualquier actividad profesional mercantil o laboral. La formación morada también quiere introducir una modificación en el que los denunciantes sean llamados alertadores y que la autoridad independiente se relacione con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
Según la propuesta de ley, ese nuevo organismo independiente asumiría las funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses, que es la encargada de controlar las incompatibilidades de los altos cargos. Esta Oficina está adscrita al Ministerio Hacienda y ha sido criticada por entidades pro transparencia, así como que fue puesta en cuestión por el Tribunal de Cuentas en un informe reciente. El PP se opone a la supresión de la Oficina, mientras que PSOE y Unidos Podemos sí aceptan este extremo.