El proyecto produciría un fuerte impacto medioambiental.
El Gobierno de España ha comunicado formalmente al Ejecutivo británico que utilizará los medios legales, llegado el caso, con el objeto de impedir la construcción de viviendas en Gibraltar en terrenos ganados al mar, un mar que forma parte de las aguas territoriales españolas.
Por medio de una nota verbal, cauce habitual de comunicación diplomática, enviada al Gobierno británico por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, se formuló la correspondiente queja por el proyecto de Gibraltar.
A través de una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, lo había adelantado el Gobierno. El proyecto gibraltareño pretende la construcción de 665 viviendas de protección oficial, seis torres de hasta 33 pisos, y todo ello ganando terreno al mar. La oposición socialdemócrata de Gibraltar ha lanzado serias críticas hacia ese proyecto puesto que produciría un gran impacto medioambiental.
En 2017 se conoció ese proyecto y ya se presentó formalmente por el Gobierno la correspondiente queja ante Reino Unido (19 octubre). Fernando Maura, diputado de Ciudadanos, preguntó en enero al Ejecutivo si se tomaron y si se estaban tomando medidas para evitar que el proyecto viese la luz.
“Las autoridades españolas continuarán recabando la información al respecto y utilizarán los medios legales a su alcance para intentar impedir cualquier tipo de construcción o desarrollo urbanístico en aguas ganadas ilegalmente al mar”, fue la respuesta del Gobierno.
Informando también que, ha realizado y realizará “gestiones con terceros con un objetivo disuasorio”, frenando el apoyo que terceras partes puedan prestar al desarrollo de las obras”, dentro de la “legalidad internacional y la práctica diplomática”.
“El Gobierno continuará adoptando todas las medidas a su alcance dentro de la legalidad internacional y la práctica diplomática para defender la soberanía española sobre las aguas”, trasladaba al respuesta al diputado de la formación naranja.
Los incidentes más frecuentes entre España y Reino Unido suelen girar en torno a la soberanía de las aguas del Peñón. Según la posición histórica que España ha defendido siempre, Gibraltar no tiene más aguas propias que las del puerto, puesto que el Tratado de Utrecht solo cedió la ciudad a Reino Unido, más el puerto, el castillo y las defensas. Sin embargo, Reino Unido consigue una franja de “aguas territoriales británicas de Gibraltar” alrededor del Peñón.
Por ello, el Ejecutivo informa que “permanece atento” sobre cualquier movimiento o actividad que pueda afectar a la soberanía española respecto a estas aguas y, por si es necesario, “ha adoptado todas las medidas diplomáticas a su alcance en repetidas ocasiones”.
Incluso se aclara al diputado que el Ejecutivo no hace gestiones formales con autoridades del Peñón, puesto que no lo reconoce como un “territorio no autónomo pendiente de descolonizar, sino con Reino Unido, es decir, entre Estados soberanos. Además de las gestiones bilaterales se añaden también las reivindicaciones en el Marco de la ONU y de la UE.