La decisión de la jueza de enviar a prisión a Oriol Junqueras y a ocho exconsejeros del gobierno de Cataluña debe considerarse un inmenso error cuyas consecuencias van a resultar difícilmente predecibles.
Pudiera ser que un delito de estas características no pudiera acabar de una forma tan expeditiva, pero los argumentos de la jueza relativos al poder adquisitivo de los acusados y al inherente riesgo de fuga, no son suficientes para no haber podido valorar las consecuencias sociales, políticas y electorales de la medida.
Porque el Derecho forma parte de un marco social del que no puede desligarse. Cualquier decisión tiene, además de causas, consecuencias que deben valorarse con extrema prudencia.
Cuando los independentistas habían traspasado la frontera del ridículo y la mofa, nacional e internacional, y el mundo parecía no tomarles en serio, aparece una decisión de extrema gravedad que, desde el punto de vista jurídico, podría haberse evitado.
Ahora el siguiente paso es esperar el victimismo de los secesionistas, papel que están acostumbrados a representar. Un victimismo que les atraerá a una parte de la sociedad catalana que bien seguro definirá esta medida como exagerada por parte de un poder judicial que no ha sabido bien medir el paso.
Editorial “Inmenso error”
