Por Eusebio Lucía Olmos.
El Socialista del día 22 de diciembre de 1915, siguiente al del popular sorteo de la lotería navideña, publicaba una sorprendente noticia: “Una comisión de la Casa del Pueblo, compuesta de seis compañeros de los Consejos de Dirección y Administración, fue invitada a asistir a la lectura de la última voluntad de D. Cesáreo del Cerro, fallecido en esta Corte el día 4 del actual, a la edad de 78 años, merced a la cual se lega un millón de pesetas a las sociedades obreras que convivan en la Casa del Pueblo de Madrid”.
Tras la correspondiente sorpresa –no sólo de la organización socialista, sino de otros sectores de la opinión pública española–, todo el mundo se hizo similar pregunta: ¿quién era aquel anónimo benefactor?, ¿qué le había movido a legar a los obreros socialistas madrileños tan importante cantidad? Pues, don Cesáreo del Cerro y Álamo era un industrial vallecano, viudo y sin descendencia directa, que de modesto zapatero había llegado a poseer un floreciente negocio de curtidos, manteniendo a la vez la publicación de una excelente revista técnica dedicada al sector. No se le conocía relación alguna con los responsables de la Casa del Pueblo, pero daban buena prueba de su elevado sentido social las excelentes relaciones que mantenía con los centenares de obreros que trabajaban en sus talleres.
La lectura del testamento permitió conocer tanto su detallada cuantía como el destino que habría de darse a la cantidad total legada. Aquella alcanzaba la considerable suma de 669.000 pesetas, en acciones del Banco de España, más otras 330.000, que suponía la valoración tasada del edificio número 20 de la madrileña calle de Carranza. Las condiciones que el testador impuso a tan generosa donación fueron “no poder enajenar ni gravar los bienes que constituyen dicho legado, pudiendo solamente disponer de las rentas que los mismos produzcan, pero con la condición también de que dichas rentas se invertirán exclusivamente en dar instrucción a los obreros e individuos de sus respectivas familias que pertenezcan a las referidas sociedades, sin distinción de oficios o gremios…” Más adelante, el industrial zapatero señalaba expresamente: “Ruego a los delegados que uno de sus acuerdos sea el de establecer una escuela de primera enseñanza para los hijos de los obreros y que a los niños y niñas que a ella asistan se les dé, además de la instrucción que crean conveniente, vestido y una comida diaria…” Con similar detalle, don Cesáreo expresaba su voluntad de que Pablo Iglesias fuese el encargado de inspeccionar la administración de los bienes y asesorar a las sociedades obreras.
Ni que decir tiene que los principales dirigentes de estas sociedades poco tardaron en organizar el soporte legal jurídico-administrativo que posibilitase la creación de la correspondiente Fundación gestora de la donación. Quedó constituido un Patronato que presidieron Julián Besteiro y el mismo Pablo Iglesias, muy enfermo ya y retirado, de hecho, de las responsabilidades directas de la vida de las organizaciones obreras. Pero el clima de conflictividad social del año 1916 no era el más adecuado para trabajar en tan atractivo proyecto. La guerra europea y la crítica situación que vivía el proletariado español obligaban a los responsables sindicales y políticos a dedicar todos sus esfuerzos en la lucha contra la escasez de trabajo, así como tratar de vencer la creciente carrera de precios que sufrían los que aún recibían un mísero jornal. El inmediato fracaso de la huelga general revolucionaria de 1917 llevó a prisión a los principales dirigentes, mientras que eran clausurados sus locales y medios de prensa.
Estas circunstancias políticas y económicas, unidas a las enormes trabas burocráticas impuestas por el Ministerio de Instrucción Pública, retrasaron la actividad de la Fundación durante algunos años, por más que el conjunto de plazas disponibles en las escuelas públicas y privadas abiertas en el Madrid de la época no alcanzase a satisfacer las necesidades escolares mínimas. Una vez solventadas aquellas, y a pesar del agravamiento de la salud de Iglesias y del largo proceso secesionista provocado por la Tercera Internacional, en octubre de 1924 se adquirió, por algo más de 317.000 pesetas, una hermosa finca rural de 22.000 metros cuadrados, entre Cuatro Caminos y el Hipódromo de la Castellana, en la prolongación de la calle Teruel y su confluencia con la de Orense. El propietario – padre del dramaturgo y poeta Luis Fernández Ardavín – posibilitó unas buenas condiciones para la operación, habida cuenta de la simpatía con que también veía los fines a los que iba a ser destinado el terreno. Contaba la extensa finca con diversas zonas de pinares, eucaliptus, distintos árboles frutales y huertas, así como una edificación de 120 metros, otra de unos 80, un estanque y una serie de elementos ideales para el pretendido fin pedagógico de educación al aire libre y en contacto con la naturaleza, según el modelo implantado por la prestigiosa Institución Libre de Enseñanza.
Realizadas las necesarias obras de acondicionamiento y remodelación, de acuerdo con los planos del arquitecto Bernardo Giner de los Ríos, y los correspondientes procesos de selección tanto de personal docente y administrativo como de la primera promoción del alumnado, la Escuela Fundacional Cesáreo del Cerro quedó inaugurada el 1 de julio de 1928, coincidiendo con las sesiones del XII Congreso nacional del partido. Numerosos delegados, así como importantes personalidades del mundo de la enseñanza acudieron al solemne acto, que fue profusamente destacado no sólo por El Socialista, sino por la prensa obrera de provincias y de otros países europeos.
Segunda parte, el miércoles 25 de julio.