Por segunda vez, letrados del Congresos ponen en duda, en otro informe, la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Una norma que comenzó su andadura en la Cámara Baja a mediados de diciembre.
Además, sostienen que existe indeterminación en la aplicación tal y como figura en la iniciativa legislativa que registró el PSOE.
Así, incide en el cuestionamiento que ya manifestó Fernando Galindo, secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, en un primer informe. Sin embargo, no veía que esas dudas fueran tan “palmarias” como para vetar su tramitación parlamentaria.
En esta ocasión, son las letradas de la Comisión de Justicia Piedad García Escudero e Isabel Revuelta, quienes cuestionan la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Ambas trabajaron con presidentes del PP.
De este modo, insisten en esas dudas, “aun excluyendo que su eventual inconstitucionalidad sea palmaria y evidente”.
Además, destacan que “la consideración fundamental” corresponde “en su caso” al Tribunal Constitucional, quien deberá pronunciarse sobre la norma.
Para empezar, señalan que la amnistía de 1977 no puede ser premisa para inferir que aquella sea una “figura jurídica permitida por la Constitución”. Tampoco, “abierta al ámbito de decisión del legislador”.
A su vez, sostienen que no figura entre las competencias de las Cortes Generales, además de que la Carta Magna “desautoriza expresamente” los indultos generales.
Por tanto, consideran que “la iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución”. Añaden que “debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional”.
Al mismo tiempo, defienden que “desbordaría la naturaleza de ley singular” atribuir a las Cortes una iniciativa genérica de amnistiar. En eso se basa el PSOE en la exposición de motivos.
Además, podría invadir la “potestad jurisdiccional atribuida por el artículo 117.3 de la Constitución en términos taxativos exclusivamente a los juzgados y tribunales”.
Asimismo, el informe denuncia la “indeterminación” de los delitos que contempla la Ley de Amnistía. Podría “lesionar el principio de seguridad jurídica consagrado en al artículo 9.3 de la Constitución”, explica.