“23 J. Estamos en tablas. Una salida constitucional”, por Javier Marín Vázquez.

Javier Marín Vázquez es Politólogo.
Para no aburrir, no repetiré las cifras de escaños que tiene cada bloque: el bloque de la derecha y el bloque presuntamente progresista. Sí, porque llamar progresista a un bloque donde está la derecha vasca-PNV-; la izquierda secesionista vasca –BILDU-; los supremacistas de ERC; y la extrema derecha secesionista catalana de JUNTS; es de una presunción más que exagerada y falta de todo rigor político, por más que los grandes medios de comunicación hayan comprado ese envoltorio semántico de “bloque progresista”:

Por las propias declaraciones de líderes políticos de PP y PSOE, parto de la base de que  ninguno de ellos estaría cómodo, y mucho menos seguro, si tienen que depender de un prófugo de la Justicia que intentó dar un golpe de estado. Que la acción política de un gobierno, de derechas o de izquierdas, dependa del capricho de un personaje tan histriónico e irresponsable como el cobarde de Puigdemont, sería puro aventurerismo de Estado. Ningún gobierno serio gustará de estar cogido por los… caprichos de alguien tan imprevisible como irrefrenable.

Aceptar su chantaje de Estado agrandaría el distanciamiento entre la ciudadanía y la política, abismo que ya suma casi 11 millones de personas, entre los que se abstuvieron: 10.400.000; los que votamos en blanco: 199.245; o nulo: 260.972; como expresión gráfica del “No nos representan”, que se ha erigido en la opción ganadora sobre el partido mayoritario, el PP, que obtuvo 8.091.840 de votos.

Mantener el pulso entre los bloques de PP y PSOE, que ahora están técnicamente en tablas, no beneficiará a la ciudadanía y perjudicará a ambos partidos, de la misma forma que perjudicó al PSOE el pacto con CiU en 1993 y a PP en 1996.

Repetir las elecciones en diciembre tampoco les garantizará salir del empate técnico entre bloques. Lo que bajase ERC lo recuperaría JUNTS y continuaríamos con el bloqueo institucional.

A ambos partidos les sugiero que apliquen el pensamiento lateral-creativo. Si el problema es fiar el funcionamiento del gobierno de España a los que manifiestan abiertamente que su misión en la vida es romper con España, sean Vds. valientes y actúen en consecuencia. Tienen las herramientas constitucionales en su mano. Formen ahora ya un gobierno provisional para 6 meses, tiempo suficiente para resolver la gran contradicción de nuestra Carta Magna, que en su artículo 2 impide la secesión territorial: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” y en su artículo 6 no deja claro qué partidos pueden participar en las elecciones. Su literalidad dice “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”.

Las constituciones alemana, francesa, italiana o de EEUU, por citar solo algunas de nuestro entorno cultural, prohíben explícitamente participar en las elecciones generales a partidos que pretendan la división de su territorio; y nadie las ha tildado de fachas o ha puesto en duda que sean unas democracias avanzadas al uso. La Constitución alemana lo tiene bien resuelto: El Artículo 9.2 reza: “Se prohíben las asociaciones cuyos fines o cuya actividad contravengan las leyes penales o que vayan dirigidas contra el orden constitucional”.

Y lo rematan con el Artículo 21.2: “Serán anticonstitucionales (verfassungswidrig) los partidos que en virtud de sus objetivos o del comportamiento de sus afiliados se propongan menoscabar o eliminar el orden básico demoliberal, o poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana”.

La reforma constitucional que propongo consistiría en añadir al artículo 6 de la Constitución Española un sub-apartado 6.2, copiando el artículo 21.2 de la Constitución Alemana.

Mi planteamiento responde al puro sentido común. Una cosa es mantener la libertad de pensamiento, opinión y expresión, y otra muy diferente es mantener una contradicción constitucional, que ya está haciendo a España ingobernable.

Una cosa es que los secesionistas puedan seguir expresándose libremente, y otra bien distinta es que el Estado les pague, con los impuestos de todos, el mantenimiento estructural de sus partidos, y les siga permitiendo el engaño colectivo a sus electores, a los que se les promete una secesión prohibida expresamente en el artículo 2 de la CE, que acaba produciéndoles una frustración colectiva como la que se dio en 2017, con la RepúbliquetaC@t de 8 segundos.

El proceso es bien sencillo:

• Primero, un gobierno provisional de PP+PSOE para redactar y aprobar en las Cortes la modificación constitucional, para la que hacen falta 210 votos, las 3/5 partes del Congreso y el Senado (Art. 87 CE).
• Segundo, la convocatoria de un Referéndum para su aprobación (Art. 167 CE).
• Tercero, la convocatoria de nuevas elecciones generales, a las que ya no podrían concurrir aquellos partidos que en sus estatutos mantengan la secesión territorial como objetivo político.

En 12 meses habríamos salido del atolladero político en el que ahora nos encontramos y habríamos resuelto el problema. Claro que para eso necesitamos políticos con altura de miras y sentido de Estado.