También se reformará el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
En comparecencia ante los medios en el Palacio de La Moncloa, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado que hoy el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto Ley que modificará el impuesto de Actos Jurídicos Documentados para que sean los bancos quienes afronten el pago de este impuesto en las hipotecas, así como también cambiará el de Transmisiones Patrimoniales.
Responde así al fallo del Tribunal Supremo que el martes anuló el criterio adoptado por la Sala experta en asuntos tributarios el 18 de octubre y que tanta polémica ha generado después de que se convocara, insólitamente, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a instancias de Luis María Díez-Picazo, presidente de la misma.
La resolución del 6 de noviembre vuelve a la jurisprudencia anterior, por el que son los clientes quienes deben asumir este tributo, favoreciendo de este modo a la banca. Tan solo una diferencia de dos votos inclinó la balanza en este sentido.
En opinión de Sánchez, la sentencia del alto tribunal “no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces ni para los ciudadanos”. Al modificar la ley, el Ejecutivo pretende garantizar la “seguridad jurídica” y defender el interés general. “Por eso trabajamos, para garantizar un escenario previsible y estable en interés de todos los operadores implicados”, destacó.
El Presidente confirmó que “nunca más los ciudadanos pagarán el impuesto de las hipotecas”. El Gobierno, dijo, quiere que este impuesto lo pague la banca “y no la ciudadanía”.
Pablo Casado, presidente del PP, ha propuesto desde Helsinki que, si es jefe del Ejecutivo, suprimirá este impuesto, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones. En ese sentido, respecto al de las hipotecas, Sánchez ha comentado que quien propone esta supresión debería hablar con los presidentes autonómicos para saber si están de acuerdo en perder capacidad recaudatoria, puesto que es un impuesto cedido a las comunidades.
“Hay un partido que dice que hay que suprimir un impuesto que nutre las arcas de las comunidades y cuando yo hablo con los presidentes autonómicos lo único que me piden son más recursos económicos, así que no me cuadran las cuentas. Tendrán que ser coherentes y decir, que si quieren menos recursos, quieren también tener un menor Estado de bienestar”, señaló el jefe del Gobierno.
Sánchez insistió en que, al reformar el impuesto, quedará “claro” y de manera “definitiva” que “siempre” serán los bancos quienes deberán asumir el impuesto de Actos Jurídicos Documentados y “nunca más” los ciudadanos.
Pero el Ejecutivo va más allá. En las próximas semanas enviará al Parlamento la proposición para crear una Autoridad Independiente con el fin de aumentar la protección y los derechos de los clientes financieros y garantizar la seguridad jurídica “de todos y para todos”. De este modo habrá una mayor protección ante abusos potenciales y una mejora de la capacidad para solventar conflictos financieros.
El presidente hizo un llamamiento a la responsabilidad del sector financiero con el fin de que no repercuta las consecuencias económicas de esta reforma en las comisiones y los tipos de los préstamos hipotecarios. “Creo y espero que no lo hagan”.
Las modificaciones en la ley tendrán que ser ratificadas por el Congreso y Sánchez espera que contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que, con matices, prácticamente todos se han pronunciado a favor. Confía también en tener el respaldo de la formación liderada por Pablo Iglesias.
“Cada partido puede hacer la oposición como quiera. Esperamos que cuando llegue a la Cámara cuente con el apoyo de las fuerzas parlamentarias, también de Unidos Podemos”. El líder del partido morado ha llamado a movilizarse ante el Tribunal Supremo.
En relación a si se podrá reclamar en los tribunales la devolución por responsabilidad patrimonial del Estado a los ciudadanos que ya pagaron el impuesto de las hipotecas, el jefe del gabinete señaló que las reglas fiscales “no obedecen al principio de retroactividad”, algo que ha señalado la jurisprudencia. No obstante, admite que no es competencia suya decir a los ciudadanos si pueden o no acudir a los tribunales.
Añadió que aquellos que se sientan perjudicados “están en su derecho” de recurrir al Tribunal de la Unión Europea.