La audiencia sobre la euroorden contra Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, ha quedado aplazada hasta el 16 de diciembre. Así lo ha decidido el tribunal de primera instancia que tiene que decidir acerca de la orden de detención y entrega cursada por el juez Pablo Llarena.
Según ha explicado el propio Puigdemont a los medios, la decisión se ha tomado para que las partes tengan tiempo de preparar sus alegaciones tras atender la petición del ex president durante la vista de ayer ante la Cámara del Consejo.
Sin responder a preguntas, indicó que “la vista ha durado muy poco porque finalmente el tribunal ha aceptado nuestra petición de aplazar la vista hasta el 16 de diciembre”.
Puigdemont señaló que sus argumentos serán los mismos que la vez anterior, es decir, vulneración de Derechos Fundamentales y garantías procesales. “Por supuesto invocaremos la inmunidad y por supuesto utilizaremos los mismos argumentos que utilizamos hace dos años”, añadió Simon Bekaert, abogado del dirigente independentista catalán.
Ya pidió la defensa que se suspendiera el proceso hasta que se pronuncie la Justicia europea acerca de la inmunidad de Oriol Junqueras. En cambio, el juez instructor consultó al Tribunal Supremo español y al Parlamento Europeo y llegó a la conclusión de que no gozaba de dicha protección.
La Fiscalía de Bruselas, por su lado, ha pedido la entrega de Puigdemont a la Justicia española por sedición y malversación, que son los dos delitos por los que es reclamado por el juez del Supremo. A tal efecto, destacó que el tribunal de primera instancia tendrá que volver a analizar el asunto y pronunciarse.
En consecuencia, el 16 de diciembre el tribunal oirá los argumentos de las partes, pero no decidirá, aunque es previsible que en ese día anuncie la fecha en que dará a conocer su decisión.
Sea cual sea la resolución, podrá ser recurrida por cualquiera de las partes, para lo que contarán con un plazo de 24 horas para la presentación del recurso y el caso, entonces, pasaría a la Corte de Apelación. Después, habrá una última instancia, el Tribunal de Casación, que puede pronunciarse sobre la forma, aunque no sobre el fondo.