El Tribunal de Justicia de Schleswig-Holstein ha señalado que Carles Puigdemont puede ser extraditado por malversación de fondos públicos, pero no por rebelión contra las leyes y el Estado. Un varapalo en toda regla a la posición de Llarena y, por ende, al Tribunal Supremo de España.
Vivimos ahora una situación de contradicción de hecho. Los políticos presos en España están acusados de rebelión y por ello así serían juzgados. Sin embargo, Carles Puigdemont y otros fugados, sólo podrán ser juzgados por malversación.
Algo no se ha hecho bien y algo se nos escapa a aquellos que defendemos, como este periódico, la Constitución, las leyes y la democracia. Desde el primer momento señalamos que las decisiones del alto tribunal español podrían verse envueltas en contradicciones de facto como de hecho también así ha sido.
De aquellos barros de precipitación del Gobierno de España, cuyo presidente ha vuelto a ser registrador de la propiedad, vienen estos lodos políticos (más allá de los judiciales). Y, en estas, hay que recordar la escasa pericia comunicativa de España en relación a la opinión pública internacional que habrá influido, sin duda, en la interpretación del Tribunal de Justicia de Schleswig-Holstein.