La investidura en Murcia de Fernando López Miras, candidato popular a la Presidencia del gobierno regional, ha quedado desbloqueada después de que PP y Ciudadanos hayan aceptado las condiciones ultraderechistas de Vox. Lo previsible es que López Miras sea investido el día 24.
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El candidato popular ha dicho, después de 20 minutos de reunión, que su formación puede “asumir plenamente” en las condiciones del partido de Santiago Abascal. Por su lado, Isabel Franco ha asegurado que estás “no son incompatibles” con las pactadas con el PP buen. Según ha comentado, “se ha impuesto la cordura y habrá acuerdo”.
Con este acuerdo, populares y naranjas, con 22 diputados –les falta uno para la mayoría absoluta, pero si Vox no vota en contra será suficiente-, podrán formar un gobierno de coalición. López Miras será el presidente y Franco, líder de Ciudadanos en la región, la vicepresidente, portavoz y consejero de Política Social. El partido de extrema derecha pasa a la oposición, tal y como había anunciado, para, dicen, “hacer valer íntegramente” las promesas contempladas en su programa electoral.
El documento que recoge en las propuestas de Vox se hizo público este jueves y en él se eliminan las referencias a una modificación de la ley autonómica de igualdad LGTBI, como principal novedad. No obstante, sigue contemplando uno de los postulados del partido de ultraderecha por el que se niega la existencia de la violencia de género como violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo y sustituye el término por el de “violencia intrafamiliar”.
Así, entre las medidas a poner en marcha destaca la prevención de esta “violencia intrafamiliar”. El concepto, el tomado así, dicen desde la formación de ultraderecha que se respeta la presunción de inocencia del hombre y la igualdad entre hombres y mujeres.
Otras dos exigencias quedan recogidas en el documento. Por un lado, la elaboración de una ley de Protección Integral de la Familia, que cuente con “partidas presupuestarias concretas para el apoyo a la maternidad, fomentando así la natalidad”. Por otro, una ley de “Protección de la Mujer Embarazada, ofreciendo información y alternativas, para que ninguna mujer se vea abocada al aborto”.
Respecto a la inmigración, en el texto se pide “el cumplimiento de la legislación vigente, en concreto de la ley de extranjería, en el control de fronteras”. Igualmente, que se revise la política de creación de centros para acoger a inmigrantes menores no acompañados, los llamados MENAS.
También se recogen otras medidas que tienen que ver con la educación, de forma que se garantice “el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa” que quieran, que se incremente la inspección de modo que se evite el “adoctrinamiento político en las aulas” y que sea necesario el consentimiento familiar expreso para que los alumnos puedan asistir a actividades “con contenidos éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales”.