En el Consejo de Ministros extraordinario de ayer, Pablo Iglesias quiso cobrar más poder a cuenta del estado de alarma decretado por el Gobierno. Lo cierto es que Unidas Podemos ha quedado al margen del poder en las medidas que desde la madrugada de hoy han entrado en vigor.
Todas las competencias quedan en manos de ministros socialistas, como réplica del dibujo del propio Ejecutivo en su actividad normal. De ahí que el líder de la formación morada pidiera mayor protagonismo y defendiera que las medidas tuvieran una orientación social, un impacto social.
Sobre todo las económicas. La prioridad de Iglesias era poner en marcha medidas dirigidas a proteger los puestos de trabajo. Así, que se evite que las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus vayan contra las “mayorías sociales”.
Asimismo, exigía que la sanidad privada quede supeditada a la gestión pública, “al servicio del interés general”. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros sí recoge la posibilidad, aunque no lo ejecuta, sino que lo deja en función de la necesidad.
Recurrió a la Constitución para exigir más poder
Para sostener esta exigencia recurrió al artículo 128.2 de la Constitución, en el que “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
En definitiva, vuelven a aparecer las discrepancias que ya surgieron en el momento en que se debatía la conveniencia de decretar el estado de alarma. En cambio, si el pasado 12 de marzo algunos ministros se mostraban reticentes, tras el repunte de contagios (casi el doble), ya nadie ponía en duda ayer la necesidad de hacerlo.
Es la segunda vez en la democracia que se declara el estado de alarma. La vez anterior se hizo a causa de la huelga de controladores de 2010.