Se aplican medidas con las que se pretende hacer frente a la radicalización islamista.
El país ha tenido que hacer frente a las críticas recibidas por la comunidad internacional ya que han hecho uso de instalaciones que los expertos de Naciones Unidas han descrito como centros de detención en el cual están retenidos más de un millón de uigures y otras personas musulmanas.
Por su parte, Pekín ha dicho que esas instalaciones son necesarias para combatir la amenaza islamista. El Gobierno mantiene que la política adoptada por las autoridades “encuentra el equilibrio entre la compasión y la severidad”, como ha trasladado Europa Press.
El Ejecutivo ha difundido un documento en el que se recoge que, desde 2014, Xinjiang ha “destruido 1.588 bandas terroristas y violentas, detenido a 12.995 terroristas y se ha incautado de 2.052 artefactos explosivos”. También, “30.645 personas han sido llevadas ante la justicia por realizar actividades religiosas ilegales y se han confiscado 345.229 copias de material religioso ilegal”, según se recoge en el texto.
El Congreso Mundial Uigur ha expresado su condena al documento, denunciando que “China está deliberadamente distorsionando la verdad”. Dilxat Raxit, portavoz de esta organización, ha apuntado que “el contraterrorismo es una excusa política para suprimir a los uigures”. “El verdadero objetivo del llamado anti extremismo es eliminar la fe”, ha señalado.