Francisco Fernández-Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, ha recibido una queja de la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia Católica de Madrid, en la que se denuncia que decenas de personas que se encuentran en situación vulnerable, están “literalmente en la calle” por la falta de respuesta efectiva de las administraciones.
“En los últimos días, en ausencia de respuesta efectiva del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad, Social, la Comunidad de Madrid y ante la saturación del Samur Social del Ayuntamiento, varias decenas de personas, de ellas varias familias con niños, en algún caso con discapacidad severa y mujeres embarazadas o con recién nacidos, se han visto literalmente en la calle, teniendo que haber sido alojadas de Emergencia en Centros Pastorales y Parroquiales de la Achidiócesis de Madrid”, recoge la denuncia presentada ante la Institución.
Debido a ello, solicita una “urgente intervención” debido al “evidente” al funcionamiento que están demostrando las administraciones públicas y la falta de un dispositivo público para atender la situación de precariedad que sufren las personas que piden protección internacional en Madrid.
Europa Press ha tenido acceso al escrito de denuncia, en el que se pone en relieve que las administraciones están dando pruebas de “improvisación y absoluta descoordinación” para afrontar el “desafío estructural” de la cantidad de personas desplazadas y que “llegan a Madrid sin contar con un lugar en el que ser dignamente atendidas”.
Debido a ello, solicita al Defensor del Pueblo que reclame a las autoridades una respuesta que conlleve una intervención integral con recursos materiales y medios humanos. Del mismo modo, solicita una reunión de las tres administraciones para hacer frente a un problema que requiere las actuaciones tanto de la Administración Central, como de la Autonómica y la Municipal. “O las tres reman en la misma dirección, con la colaboración del Tercer Sector o el problema se agravará con consecuencias fatales”, añaden.
También señala que no se puede esperar a que se formen los equipos de gobierno de las Administraciones para dar solución al problema, por lo que instan al Defensor del Pueblo para que se dirija a todas las administraciones con independencia de su signo político. “Lo que importa son las personas vulnerables y el principio de humanidad que se encuentra seriamente comprometido con tanto ayuno de negligencia”.
Desde la Iglesia de Madrid, consideran que el número de personas que han entrado es “manejable” si existe voluntad política, humanitaria y de valores, y “no se deja en el trastero la cultura de los derechos humanos y del humanismo cristiano”.
Además aseguran que son ellos junto con otras entidades los que están acogiendo a las personas que “deberían contar con un recurso idóneo facilitado por la administración”.
“En nuestro caso, hemos habilitado dependencias de varias parroquias para no dejar tiradas en la calle a familias con niños. Esta situación constituye una auténtica vergüenza para un país avanzado como es España, para una Comunidad como la de Madrid y para un municipio que es la capital del Estado. Más aún cuando era previsible y evitable”, apuntan.