Que la práctica congelación de las pensiones es anticonstitucional debe dirimirlo el Tribunal Constitucional. Las dudas que pone encima de la mesa el Defensor del Pueblo muestran las terribles consecuencias de la reforma de 2013 promovida por la señora Báñez.
No en vano, el artículo 50 de nuestra carta magna insta a los poderes públicos a garantizar el bienestar de nuestros mayores. La pérdida de poder adquisitivo supone un empobrecimiento directo de nuestros jubilados.
Más allá del debate normativo, que no deja de ser importante, la práctica consecuencia de la reforma de Fátima Báñez ha supuesto que una buena parte de los pensionistas españoles se sitúen bajo el umbral de la pobreza.
Desde el punto de vista político, la Constitución, como punto de encuentro de los españoles, nos mandata a evitar el empobrecimiento de nuestros mayores. Una cuestión que, más allá también de su constitucionalidad o no, exige una política desarrollada por políticos que estén a la altura de su generación.