Una vez recuperada la inflación, la fórmula actual de revalorización provocará el empobrecimiento de los pensionistas.
En su informe anual sobre crisis económica y desigualdad, Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, advierte de que la fórmula actual de revalorización de las pensiones durante años es prácticamente una congelación de las mismas y provocará el “empobrecimiento constante de todos los pensionistas”. Este hecho “podría suscitar dudas” sobre sus constitucionalidad ya que el artículo 50 de la Constitución insta a los poderes públicos a que se garantice la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y “periódicamente actualizadas”.
El Defensor del Pueblo recibió en 2017 alrededor de 45.200 firmas solicitando que se convocará un referéndum para reformar la carta magna y establecer el carácter público de las pensiones y su revalorización automática. Más de 13.000 de estas firmas procedían del defensor de Galicia y más de 7.000 del defensor aragonés. Según comenta, “estas peticiones han sido constantes desde el año 2013 y en todas las ocasiones se ha dado traslado de su contenido a la presidencia del Congreso y del Senado. La intención principal de este colectivo es suscitar un debate sobre el modelo de pensiones y sus posibilidades de proyección futura, cuestión que deberá debatirse en el marco de la comisión del Pacto de Toledo, con el mayor consenso posible”.
Recurso de inconstitucionalidad
Siete fuerzas políticas parlamentarias recurrieron al Tribunal Constitucional la nueva fórmula de revalorización de las pensiones. Por este motivo, y por entender que fue una opción del legislador que debe quedarse en el debate político y social, el Defensor del Pueblo optó por no presentar un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, esto no impide para que la institución advierta del riesgo de chocar con el artículo 50 de la Carta Magna si la fórmula se mantiene en el tiempo, ya que en los primeros años de aplicación no afectó prácticamente al poder adquisitivo de los pensionistas, pero recuperada la inflación, empobrecerá a los pensionistas.
Además, Fernández Marugán advierte que las cuantías del 60% de las pensiones no supera los 800 euros mensuales, cuando la media se sitúa en los 925 euros, a la vez que denuncia la existencia de brecha de género en el acceso a la pensión y en sus importes. “Tales cifras permiten alertar de que algunos indicadores comparados sobre la generosidad de nuestras pensiones ofrecen una fotografía del sistema español algo distorsionada, en buena medida como consecuencia de la fuerte devaluación salarial de los últimos años”. Igualmente, asegura ser llamativo que el porcentaje de mujeres entre 60 y 79 años con derecho a pensión es un 13% inferior al de varones, y 40% inferior el de mujeres que acceden a una pensión de jubilación, además de que la brecha en la cuantía media de las pensiones se sitúa, también, alrededor del 40%.
Desequilibrio financiero de la Seguridad Social
El Defensor del Pueblo urge a que se corrija el déficit financiero de la Seguridad Social, que se situó en casi 19.000 millones de euros a finales de 2017. Este desequilibrio genera “extraordinaria incertidumbre”, en su opinión, entre los pensionistas y la sociedad, y su magnitud “sigue siendo preocupante” en los próximos años”. Para la institución, resulta difícil que el déficit desaparezca sólo a través de “la recuperación de los empleos perdidos durante los años más duros de la crisis y de una progresiva mejora de las condiciones salariales”, ante lo cual, y puesto que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está prácticamente agotado, sólo hay dos opciones, endeudarse o aumentar las fuentes de financiación habituales a través de subir las cotizaciones o incrementar las aportaciones del Estado.
Fernández Marugán sostiene que habría dificultades para aumentar la emisión de deuda pública y también llama la atención sobre que los ingresos por cotizaciones son inferiores a los de otros países de su entorno, a pesar de tener unos tipos de cotización ligeramente superiores a la media, y las aportaciones del Estado a la Seguridad Social son especialmente bajas comparadas con países como Alemania y Francia que destinan un 25% de los ingresos, frente al 9% español. Finalmente, respecto a la sostenibilidad del sistema, destaca que la reforma de 2013 está orientada a una “progresiva que caída de la pensión media real”, lo que permitiría en 2050 mantener el gasto total en pensiones en niveles parecidos a los de ahora, pero con un número total de pensionistas de más de 15 millones. “Ello tendría un fuerte impacto en la cuantía de las pensiones, amenazando su adecuación y algo seguramente más importante, el grado de sostenibilidad social. La dimensión eminentemente política de esta cuestión deberá llevar a la sociedad española a decidir qué esfuerzo de financiación está dispuesta a destinar a sus pensiones públicas”, concluye.