La presunta existencia de condiciones infrahumanas, casi esclavitud, en algunas explotaciones puso en alarma al Gobierno que decidió actuar. El fin, inspeccionar y detectar condiciones laborales de semiesclavitud.
El Partido Popular y las organizaciones patronales se han indignado tanto que esta semana los conservadores preparan una batería de preguntas contra la ministra de Trabajo y el ministro de Agricultura por una acusación que consideran falsa.
Sin embargo, hace tiempo saltó la voz de alarma. Se habían detectado condiciones laborales infrahumanas en algunas explotaciones agrarias en la Península Ibérica. Sin duda excepciones, o al menos eso esperamos, pero, con que hubiera un solo caso la situación ya parecería lamentable y digna de inspección.
La consultora alemana Löning ha desarrollado una investigación que no deja en buen lugar algunas explotaciones españolas e italianas. Les acusa de, al menos, establecer condiciones laborales insalubres o de sobreexplotación.
Algunos sindicatos agrarios, más pendientes del futuro de la empresa que de las condiciones de sus trabajadores, han dicho que es falso. A pesar de ello, el Sindicato de Obreros del Campo llamó la atención en su día por la existencia de casos y prácticas que convendría denunciar.
No en vano, diversas operaciones de la Guardia Civil denunciaron y detuvieron a los responsables de explotaciones agrarias que tenían a inmigrantes bajo condiciones infrahumanas. Entre ellas a una determinada explotación de ajos en Cuenca.
Inspecciones para erradicar cualquiera atisbo de esclavitud
El Gobierno socialista, como no podía ser menos, ha puesto en marcha todo un mecanismo de inspecciones para conocer el estado de los trabajadores. En ese sentido, tanto la ministra de Trabajo, Díaz, como el ministro de Agricultura, Planas, han tomado conciencia para erradicar cualquier atisbo de abuso, condiciones infrahumanas o semi esclavitud.
El Parido Popular no podía quedarse quieto. Se han quejado los conservadores que esto criminaliza el campo y más vale una buena imagen que detectar la existencia de explotaciones ilegales de seres humanos.
No en vano, ciertamente el Grupo Parlamentario Popular, va a preguntar tanto a Díaz como a Planas. Será sobre por qué se realizan inspecciones y cuál es el motivo de alarma si no hay tal sobrexplotación tal como ellos la consideran.
Determinados sindicatos agrarios, COAG y ASAJA, han criticado duramente al ministerio por dejar entrever que hay prácticas de esclavitud en el campo español. Según estas organizaciones, se trata de criminalizar a los agricultores. Se los acusa de prácticas abusivas en el preciso momento en el que se produce una competencia internacional.
Sin embargo, el ministerio trata, en todo caso, no de criminalizar a las explotaciones agrarias sino de detectar condiciones infrahumanas en algunos casos. Aún no quieriéndolo elevar a categoría, ni mucho menos a generalizarlo, con que haya un solo caso de semi esclavitud ya deberían movilizarse los recursos del Estado para detectarlo, condenarlo y juzgarlo.