En el último Pleno del Congreso de los Diputados, Pablo Casado, líder del PP, advirtió a Pedro Sánchez de que pedirá crear una comisión de investigación por unas supuestas “comisiones por material sanitario”. Su objetivo es fiscalizar los contratos más controvertidos firmados por el Gobierno durante la epidemia de coronavirus.
Así lo dijo, además de vincular los ceses en la Guardia Civil con el asunto de Delcy Rodríguez y “las comisiones por material sanitario”. Sobre esto último, fuentes del partido creen que muchas de esas licitaciones son ilegales.
“En cuanto salgamos del estado de alarma y alcancemos eso que usted llama con lenguaje distópico y cursi la nueva normalidad, solicitaremos una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer las responsabilidades del Gobierno en su nefasta gestión de la pandemia”, espetó el líder del PP.
Dirigiéndose a todo el Ejecutivo, Casado desafió diciendo, respecto a la comisión, “allí no podrán seguir mintiendo sin consecuencias legales”. Recordaba, de este modo, que los diputados estarán obligados a decir la verdad.
Con todo, al tener mayoría el Gobierno y los socios de la investidura, no hay posibilidades de que salga adelante si los socialistas no lo permiten. Acaba de arrancar la de Reconstrucción Económica y Social, por lo que ambas comisiones podrían solaparse.
No obstante, de materializarse, lo primero que los populares fiscalizarían es la adjudicación de tres contratos para comprar y distribuir mascarillas. Dos los suscribió el Ministerio de Transportes y otro Interior “por recomendación del equipo de José Luis Ábalos”.
Los de Casado sospechan de comisiones en tres contratos
Desde el PP ya trasladaron sus “dudas” porque los contratos se adjudicaran a “una pequeña empresa” que “ha pasado de facturar 100.000 euros en un año a 40 millones por haber recibido tres contratos millonarios del Gobierno”.
Los del departamento de Ábalos fueron aprobados en una orden ministerial del Ministerio de Transportes del 20 y 26 de marzo. Según datos del Registro Mercantil, la empresa adjudicataria apenas tiene cinco empleados.
Se trata de Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas. Es una sociedad con sede en Zaragoza, prestando servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales de salud. También de energía, agua e infraestructuras agrícolas, sobre todo en países africanos.
Ya desde mayo, los populares vienen reclamando al Tribunal de Cuentas que hagan una auditoría urgente de todas las compras de material sanitario. Sostienen que hay “sospechas fundamentadas en todo el proceso”.
Aluden a materiales defectuosos que, consideran, “no han dejado de mostrar deficiencias prácticamente desde el primer día”. Lo mismo sucede con la elección de las empresas y los intermediarios en ciertos casos.