José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, está llamado a declarar como imputado este miércoles ante la juez Carmen Rodríguez-Medel. Se lo investiga por un supuesto delito de prevaricación administrativa al permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre el 5 y el 14 de marzo, entre ellas la manifestación del 8M.
El delegado del Gobierno hará su declaración, en calidad de imputado, a partir de las 15:30 en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Será presencial. Su asistencia a declarar coincide con el segundo informe de la Guardia Civil.
El Instituto Armado afirma que la Delegación del Gobierno de Madrid sabía del riesgo del coronavirus desde “mediados de febrero”. En ese momento, según el informe de la policía judicial, los responsables de Prevención de Riesgos Laborales ya se reunían para adoptar medidas contra el contagio.
Esta versión de la Benemérita es contraria a la que sostiene la propia Delegación del Gobierno. Según el departamento que dirige José Manuel Franco no se tuvo conocimiento alguno o alerta acerca del riesgo de contagio hasta el 14 de marzo. Ese día se declaró el estado de alarma, que entraría en vigor al día siguiente.
La Guardia Civil, asimismo, pone en cuestión que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, cuyo director es Fernando Simón, no difundiera una alerta europea referida al riesgo del coronavirus del 2 de marzo.
Son varias las acusaciones populares que tratan de implicar e imputar a Simón. En cambio, Rodríguez-Medel ya ha advertido en varias a la luz de los hechos que no va a investigarlo. Su argumento es que el procedimiento sólo se refiere a las decisiones de Franco que tienen que ver con la crisis sanitaria.
No sólo el delegado del Gobierno está citado a declarar. También lo están Fernando Talavera, secretario general de la Delegación del Gobierno, Luis María Sanz, director del Gabinete Técnico, y José Luis Correas, director de Seguridad Ciudadana. Todos ellos lo hacen en calidad de testigos.