Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha recibido la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que las ex presidentes madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes sean imputadas en el caso Púnica. También, la imputación de Ignacio González, ex presidente regional.
En concreto, el ministerio público pide que sean incluidos en la pieza separada que investiga la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. El caso Púnica está dividido en la instrucción en 16 piezas y debe estar concluida su investigación antes del 6 de junio de 2020.
También se ha solicitado la declaración en calidad de investigado de Javier Monzón, presidente de Indra desde 1993 hasta 2015 y actual presidente no ejecutivo de PRISA, editora de El País. Esta solicitud viene a cuenta de la presunta entrega de fondos para las campañas de Aguirre en 2007 y 2011 por parte de Indra.
Fue la Guardia Civil quien en marzo implicó a la ex presidente de madrileña en la trama corrupta encabezada por Francisco Granados, ex consejero y ex número dos del PP de Madrid. Según el Instituto Armado, Aguirre estuvo presente en las reuniones en las que se habría acordado dar trato preferente en contratos públicos a empresas de publicidad que trabajaron en las campañas de 2003 y 2007.
Los contratos adjudicados fueron por valor de 7,4 millones de euros en esos años para las compañías de publicidad propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado. Así, el Gobierno de la ex presidente madrileña habría reformado varias leyes autonómicas para facilitar los pagos.
De esta forma, las adjudicaciones pasarían por la supervisión del que entonces era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Éste está imputado en el caso Lezo, el otro un macro sumario madrileño sobre corrupción en la región.
Pero ahí no acaba la cuestión. El PP podría haberse financiado irregularmente también en las elecciones autonómicas de 2011. En aquella ocasión, el Partido Popular madrileño se gastó en publicidad 6,2 millones de euros, es decir casi el doble del límite legal. De ellos, 1,25 millones vendrían de una caja B que gestionaba Beltrán Gutiérrez, entonces gerente de la formación conservadora en Madrid.
Granados y González hacían las aportaciones de fondos a esa caja. Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa, UCO, queda constatado que Indra pagó 566.497 euros para la campaña popular en Madrid en las los comicios de 2007 y 2011. Así se lo hizo saber al juez García-Castellón en un informe remitido en junio.
Aguirre ha negado siempre haber sido partícipe de actos ilegales y ha logrado esquivar las consecuencias judiciales, pero lo cierto es que la corrupción ha sido uno de los elementos más característicos de sus mandatos.