El próximo día 22 de octubre se celebran unos comicios legislativos cruciales para el futuro del país austral, que restringe de una forma vergonzosa el voto a los residentes en el exterior.
Se estima que fuera de Argentina viven dos millones de personas que han emigrado por diferentes razones, mayormente por motivos económicos. Esta estadística es aproximada porque los consulados cobran por registrarse y algunos ciudadanos optan por no hacerlo. El consulado de Madrid tiene un arancel 10€ por un certificado de inscripción consular, cuando debería ser un tramite gratuito, solamente para saber cuantos nacionales hay viviendo bajo su jurisdicción. Sin esta inscripción no se tiene acceso al censo electoral.
Muchos argentinos se quejan en las redes sociales de que no tienen consulado en la ciudad que viven y, al no habilitar el voto electrónico o por correo, tienen que viajar cuatro horas para ejercer el derecho al voto. Desde Málaga y Bilbao, dónde hay unas colonias importantes de residentes, provienen la mayoría de las quejas en España. “Nos hacen ser ciudadanos de segunda” se queja una argentina que está afincada en Getxo.
El problema del mal funcionamiento de los consulados viene de lejos. Los emigrantes de la dictadura que se quedaron siempre lo han denunciado. Nestor Kirchner mejoró ostensiblemente su estructura unos dos años antes de la exitosa regularización emprendida por José Luis Rodríguez Zapatero y Jesús Caldera, aunque lo hizo por mero interés propio. “Prefiero que se queden y no vuelvan” le dijo a José María Aznar.
Con Cristina Fernández de Kirchner empeoró la atención y el nuevo gobierno de Mauricio Macri no parece muy dispuesto a revertir la situación. La delegación argentina es la única que no organiza ningún evento que congregue a los emigrantes, a diferencia de otros países latinos que sí lo hacen.
Si nadie lo remedia, votarán el próximo 22 de octubre menos del 10% de los argentinos. Un verdadero “pucherazo”.