Este martes, el Parlament de Cataluña ha vuelto a burlarse y desafiar al Tribunal Constitucional (TC) aprobando una moción de la CUP por la que la Cámara catalana manifiesta “su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y respetar la voluntad del pueblo catalán”.
Lo hace pese a que ya van cuatro advertencias del tribunal de garantías a Roger Torrent, presidente de la Mesa del Parlament, de que podría incurrir en responsabilidades incluso penales si desobedece lo dictado en providencias anteriores en esos mismos aspectos.
Para evitar que el Constitucional pudiera suspender, como solicitó el Gobierno, la tramitación de la moción, Torrent adelantó a las 9:00 la celebración del pleno. No obstante, el TC acordó detener la moción tan solo unos minutos después de su votación, en la que 61 diputados de JxCat, ERC y la CUP votaron a favor.
Los representantes del PSC y del PP no participaron, mientras los ocho parlamentarios de los comuns se abstuvieron y los de Ciudadanos abandonaron la sesión. Debido a la suspensión del TC, esta incitativa no será publicada en el Boletín Oficial del Parlament, por consejo del secretario general de la Cámara.
Días antes, el Constitucional suspendió la tramitación de otra moción acordada por los mismos partidos para insistir en el deseo del Parlament de ejercer otra vez el “derecho de autodeterminación”. Tras esta suspensión llegó la cuarta advertencia del tribunal de garantías.
Tras la paralización de la moción, el TC admite a trámite dos incidentes de ejecución de sentencia que ha presentado el Ejecutivo para que se suspenda la vigencia de los acuerdos de la Mesa del Parlament del 29 de octubre y del 5 de noviembre. En ellos se reiteraba el derecho de autodeterminación y el objetivo de la independencia.
En las providencias, los jueces del Constitucional recuerdan, y advierten, que los miembros del órgano de gobierno de la Cámara catalana tienen la obligación de impedir o paralizar toda iniciativa que represente ignorar o eludir la suspensión acordada.
Además, los apercibe de las responsabilidades, incluso penales, en las que podrían incurrir, en la misma línea de ocasiones anteriores. En opinión del Gobierno, estas iniciativas del Parlament atentan contra la sentencia del 2 de diciembre de 2015 anulando la resolución I/XI.
En ésta, la Cámara regional “declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república”.
El adelanto de la sesión en el Parlament para evitar que el TC, reunido en pleno esa misma mañana, suspendiera la tramitación de la moción, ha tenido también otras consecuencias, en este caso internas.
De hecho, el Govern ha expresado su malestar en una carta enviada a Torrent. La sesión se celebra habitualmente el miércoles y el jueves y se había cambiado al martes por la tarde a causa de un viaje de Quim Torra, presidente de la Generalitat a Suiza, aunque coincidía conla reunión semanal del gobierno catalán.
“El hecho de que haya convocado de forma casi simultánea el pleno del Parlament, sin previo aviso ni consenso y de forma repentina, genera sin duda una alteración de la normal agenda institucional”, dice el texto redactado por Meritxell Budó, consejera de Presidencia.
Dicho cambio de la hora, señala, “afecta al derecho como diputados de la Cámara de dos miembros del Govern” porque no pudieron votar algunas de las iniciativas del orden del día al estar reunido el Ejecutivo.
“Consideramos que decisiones como esta se tendrían que haber comunicado con suficiente antelación para evitar esta situación incómoda para ambas instituciones”, se indica en el documento.
Parte de la moción de la CUP pedía el cese de Miquel Buch, consejero de Interior, por la actuación de los Mossos d’Esquadra en los disturbios de gran violencia en Barcelona como reacción a la sentencia del procés.
Esta parte no ha salido adelante al haber sido votada a favor solo por los parlamentarios anticapitalistas y los comuns. Tres diputados de ERC se abstuvieron, mientras que el resto de diputados votaron en contra, no participaron en la votación o habían abandonado la sesión.
Tampoco salió adelante la parte en la que se pedía la amnistía total para “todos los represaliados por el régimen” y que “los cuerpos policiales y militares estatales” se retiraran de territorio catalán, así como la disolución de los antidisturbios de los Mossos.
Solo votaron a favor los parlamentarios de la CUP. Los ocho diputados de los comuns se abstuvieron, como también hicieron dos republicanos, a la vez que sucedía lo mismo que con la anterior en el caso del resto de representantes.