Acatamos sin parpadear la decisión de la Audiencia Territorial del Estado de Schleswig-Holstein. Nos preguntamos cómo los escurridizos caminos del Derecho llevan al alto tribunal a tomar decisiones que pueden dañar políticamente a una democracia.
Lo que no cabe ninguna duda es que los errores que se cometen se pueden acabar pagando muy caros. Que el independentismo se refuerza a cada paso y que su capacidad de victimismo aumenta en cada momento.
Si la Audiencia Territorial no contempla delito de rebelión es porque no observa violencia en la actitud del gobierno presidido por Puigdemont. Queda en el aire, poniéndole en libertad bajo fianza, valorar el delito de malversación para poder decidir la extradición o no a España.
Nos preguntamos en este periódico sobre el concepto de violencia. Si organizar desde las altas instancias de la Generalitat una sublevación de una minoría, violentando las acciones de la Guardia Civil, teniendo como objetivo subvertir el orden constitucional, es violencia o no.
Nos preguntamos, empero, por qué la Audiencia Territorial no ha valorado al mismo tiempo el delito de malversación. Porque de lo que no cabe ninguna duda es que el riesgo de fuga es infinitamente mayor en alguien que lleva cinco meses fugado que alguien que no es sospechoso de evitar la justicia.