Los jueces forman parte de la sociedad como cualquier ciudadano más. Sus actuaciones como hombres y mujeres públicos (en este caso, dos hombres y una mujer) afectan a toda la sociedad. Contemplar el derecho como elemento ajeno a nuestro sistema de valores es un error de primero de Democracia.
Que una sentencia diga que una niña gritando no está siendo intimidada y agredida nos ha dejado a todos asqueados. Que una sentencia señale que una situación en la que la víctima está en estado de parálisis mientras es penetrada anal, vaginal y oralmente no es violación, es una vergüenza que nos va a durar muchos años si el Supremo no lo remedia.
Porque las mujeres españolas no aspiran a ser valientes, sino a ser libres. Porque se trata de sentar un precedente vital para la convivencia y para la lucha contra la violencia de género. Libertad que nos compete a todos, incluido los jueces y, en este caso, sobre todo a los jueces.
No seríamos patria si no saliéramos a la calle a denunciar esta atrocidad ubicada de espaldas a las consideraciones de hecho, los aspectos más elementales del derecho y al derecho a la libertad para ser libres de todas las mujeres.