Una sociedad que no respeta a sus mayores, no se respeta a sí misma. Puede haber un gobierno que les olvide, pero es aún más intolerable, tener un gobierno que se burle de ellos. Porque eso es lo que es, un insulto, en forma de incrementos intolerables (0,25%) o regalos de última hora como el que propone Cristóbal Montoro.
Volvemos a los tiempos del Instituto Nacional de Previsión (1908), o del incapaz Retiro Obrero Obligatorio (1919), o a aquel seguro de la perra gorda (1924) por la que los patronos tenían la obligación de depositar unos céntimos para el retiro de los trabajadores.
La escasa Ley General de la Seguridad Social de 1966 fue del todo insuficiente. Tuvo que venir un gobierno socialista y poner en marcha la Ley 26/1985 de Seguridad Social que universalizaba las prestaciones y las hacía ganar poder adquisitivo. Una norma, esta última, votada en contra, por cierto, por Alianza Popular.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero revalorizó las pensiones mínimas durante sus siete años de mandato un 53% y elevó el Fondo de Reserva hasta los 64.000 millones de euros. Se les tenía que caer la cara de vergüenza a aquellos que dicen que Zapatero congeló las pensiones.
Todo esto hasta que apreció el Real Decreto 5/2013, de 15 de marzo, que rompió la evolución de ganancias de poder adquisitivo y logró -asesorado el Gobierno por una Comisión de Expertos cuya mayoría tenía su origen en la banca y los seguros-, insultar a los jubilados españoles elevándoles en un 0,25% su ya exigua pensión.
Es hora de llevar a la imposición general la reforma, tiempo de impulsar el envejecimiento activo, momentos para soñar con volver a tener un gobierno progresista y decidido.