Como si de una mercancía se tratara, Vox ha presentado una proposición no de ley en Andalucía para otorgar una prestación de 250 euros mensuales con el fin de evitar que mujeres embarazadas aborten. Más en concreto, para embarazos de más de 14 semanas de mujeres en situación de vulnerabilidad y menores de 30 años.
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Eso sí, la ayuda se concedería desde momento en que se certifique el embarazo y hasta el parto. Después, que la muchacha se apañe porque la formación de ultraderecha no aporta solución alguna una vez nacido el nuevo ser.
En su línea de demagogia, de su argumentario se desprende que el partido de Santiago Abascal está lejos de la realidad las mujeres españolas y su derecho para interrumpir una gestación, querida o no. Más bien se trata de redirigir fondos públicos eliminándolos de los que se destinan a asistir a aquellas que quieren interrumpir su embarazo, sea la razón que sea.
De hecho, ponen cifras sobre la mesa. Según Vox, en Andalucía durante 2017 la ayuda media por embarazada que quería continuar con la gestación y se encontraba en situación de vulnerabilidad fue de 2,78 euros. En ese año, se destinaron a ese fin 254.159 euros. “Lejos de otras comunidades autónomas con menor población como el País Vasco -350.000 euros- o Galicia -1.907.300 euros-“, indican.
Hay, para la formación de ultraderecha, una “clara correlación entre los fondos que destinan las administraciones públicas a las mujeres embarazadas y el número de embarazos interrumpidos”. Argumentan que en dos de las comunidades que no ofrecer ayudas a las mujeres embarazadas, Asturias y Canarias, se registra “la mayor ratio de embarazos interrumpidos”.
En cambio, sostienen, “en los territorios donde se aportan más recursos económicos al apoyo de la maternidad, la tasa de embarazos interrumpidos es inferior a la media nacional”. En consecuencia, según su criterio, la falta de ayuda a las mujeres embarazadas que quieren continuar con la gestación “contrasta con la dotación de recursos para iniciativas que canalizan el mecanismo por los cuales apoyan la interrupción del embarazo”.
Y vuelven a poner cifras. “El gasto total por parte del conjunto de las administraciones públicas en 2017 en ayudas a la mujer embarazada fue de 3.665.000 euros, mientras que las ayudas para interrumpir voluntariamente el embarazo fue de 34 millones de euros”, defienden.
Pero en el terreno económico Vox no ofrece nada más, menos aún una vez que se ha llevado a cabo el alumbramiento. Eso sí, quiere impulsar la creación de “Centros de Atención a la Madre Gestante” con asistencia, apoyo e información a la mujer embarazada. Para ello, contar con equipos multidisciplinares formados por profesionales del área pedagógica, psicológica, social y educativa. Pero de dinero, nada.