Si el Papa llama personalmente a Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, este buen señor autorizará la entrada de los técnicos enviados por el Gobierno, avalados por el Tribunal Supremo y aprobados por el Parlamento de España, es decir, los representantes legítimos de todos los españoles, y se podrán exhumar los restos de Franco.
Ya apuntaba maneras el buen señor cuando el miércoles enviaba una carta a Carmen Calvo, la vicepresidente del Ejecutivo, diciéndole que “la abadía no autoriza el acceso a la Basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una ‘res sacra’ (sepultura)”.
Además, en otra nota, Cantera aseguraba que no desacataba la sentencia del Supremo, que “utilizar los posibles recursos contra resoluciones judiciales no es desacato, sino ejercicio legítimo de derechos fundamentales”. Ahí es nada.
Advertía: “La Abadía benedictina defenderá sus derechos y, en especial, el concepto de inviolabilidad de los lugares de culto en todas las instancias nacionales e internacionales a las que tenga acceso”. Por utilizar puede utilizar todos los recursos legales a su alcance, pero eso es una cosa y otra es incumplir la ley.
En su entorno dicen que “va a tensar la cuerda hasta el final, porque está actuando en conciencia. Pero también sabe que no puede desobedecer una orden judicial firme”. Es decir, si apela, por ejemplo, al Tribunal Constitucional y el recurso es desestimado, sería extremadamente complicado mantener su negativa.
A este buen prior le da igual que el Alto Tribunal haya dictado lo que ha dictado y que incluso le recuerde en la resolución, por la que tumba su petición de medidas cautelares, que “la Constitución obliga a todos a cumplir las sentencias firmes”.
Pero va más allá, desafiando a sus propios superiores, porque Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, uno de sus jefes, ha dicho por activa y por pasiva que “la Santa Sede no se opone a la exhumación de Francisco Franco si así lo deciden las autoridades competentes”. O sea, el Parlamento español, el Gobierno de la Nación y los tribunales de España.
El minuto de gloria del prior, que ya se ha extendido en demasía, se agota. Más tarde o más temprano, más bien al revés, tendrá por fuerza o sin ella que permitir la entrada de los técnicos a la abadía.
Eso, por mucho que, como llegó a decir el monje Montull “¿Para qué una resistencia física cuando hay fuerzas superiores, la providencia divina, que están ahí?” Con máximo respeto hacia toda creencia religiosa, el Arcángel Miguel no va a bajar con su espada.
En sentido estricto, no son las autoridades eclesiásticas españolas quienes mandan sobre Cantera, sino el abad de Solesmes, pero solo para asuntos excepcionales. Por debajo de éste, figura la Congregación para la Vida Religiosa del Vaticano. Es ésta quien debe con urgencia exigir obediencia al prior. Incluso podría expulsarlo o intervenir la abadía si no se pliega.
La situación se complica porque chocan dos trenes, uno más fuerte que otro. El asunto molesta en Roma. Algunos obispos españoles creen que una vez que haya fecha, el prior dará su brazo a torcer. “No puede hacer otra cosa”, señala un purpurado.
Pero se teme que “vaya hasta el final” y se llegue a un ridículo escenario en el que el prior sea detenido a las puertas de la propia basílica, algo que “provocaría un gran problema Iglesia-Estado” porque la Santa Sede se verá obligada a protestar si sucede algo desagradable en suelo sagrado.
Nadie cree que el papa Francisco vaya a descolgar el teléfono para este asunto. De hecho, fuentes vaticanas señalan que debe ser el cardenal Braz de Aviz, prefecto de la Congregación para la Vida Religiosa, o José Rodríguez Carballo, su secretario, quienes insten a Cantera a cumplir la ley.