Por la adjudicación de dos contratos de la Generalitat Valenciana: las ITV y el Plan Eólico Valenciano.
Eduardo Zaplana, exministro del PP con José María Aznar y ex presidente de la Generalitat Valenciana, habría recibido 10,5 millones de euros en sobornos de las empresas de la familia de Juan Cotino, ex director general de la Policía y ex presidente de las Cortes Valencianas. Así se desprende del informe integral que la Guardia Civil ha elaborado sobre la Operación Erial y que figura en el sumario del caso, hasta ahora secreto.
Según consta en el documento, las comisiones se pagaron, supuestamente, en Luxemburgo mediante dos sociedades que intervinieron como “vehículos corporativos”. Las investigaciones revelan, gracias a las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, que Zaplana habría confesado a Fernando Belhot, asesor fiscal, los problemas que tenía para disponer del dinero oculto supuestamente delictivo.
El 18 de abril de 2018 tuvo un encuentro con el asesor en el que le manifestaba que podía sacar dinero porque tenía un buen sueldo, pero que “no puedo sacar cinco millones… primero porque no los tengo ahora, porque me he metido en un problema. Pero segundo, es que aunque los tuviera… tengo que decir aquí en España y me van a decir ‘¿usted dónde va?’”. La alternativa ofrecida por Belhot es irselo dando en billetes de 500, a lo que el exministro responde que “es complicado”, “pero bueno… si son de 50 los puedo…” y que si podía ser “en un mes, mejor”.
Asimismo, Zaplana confiesa al asesor su preocupación cuando conoció las noticias acerca del caso de corrupción Odebrecht y la mención a la sociedad Plaza Fountains, de Joaquín Barceló, uno de sus testaferros. Igualmente, que “Ignacio”, aparentemente Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, no le está “dando dinero de Andorra”.
Es entonces cuando le dice a Belhot que “es importante alejarte… Porque tengo un problema que no sé si tiene solución. Para todo esto… Para algunas cosas que a mí me pide… necesito liquidez. A mí Ignacio no me está dando dinero de Andorra, pero como nos ha dejado, tampoco… tampoco pasa nada”. En principio, se refiere a su enfermedad, le fue detectado una leucemia en 2015, y a la de su mujer, también paciente de cáncer.
La investigación del caso Erial está coordinada por Isabel Rodríguez, magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. El sumario ha desvelado que el dinero de los supuestos sobornos que fueron pagados en Luxemburgo entró en un circuito internacional de blanqueo, participando sociedades pantalla en Uruguay, Panamá, Andorra y Suiza.
El exministro niega haber cobrado comisiones y se declara inocente, pero la UCO entiende que está acreditado que el grupo empresarial de los Cotino utilizó a Imison Internacional y Fénix Investment, dos sociedades con sede en Luxemburgo, para pagarle los sobornos por las adjudicaciones que Zaplana habría preparado durante su etapa como presidente de la Generalitat con la ayuda de Juan Francisco García, su ex jefe de gabinete, también investigado en esta causa.
La Guardia Civil sostiene que la mecánica habría consistido en que los dos mercantiles habrían comprado participaciones de otras dos mercantiles españolas por poco dinero. En 2005 y 2007, ambas sociedades vendieron sus participaciones por una “cuantía extraordinaria” a sociedades de los sobrinos de Cotino, Vicente y José. Así, habrían hecho efectivo el pago de los sobornos a través de una fórmula que permitiría sacar de España el dinero y colocarlo en Luxemburgo simultáneamente. La titularidad de las dos sociedades de ese país fue posteriormente traspasada a Joaquín Barceló y Juan Francisco García, supuestos testaferros de Zaplana.
Las comisiones cobradas por el ex ministro se hicieron efectivas cuando Zaplana ya no era presidente de la Generalitat Valenciana ni ministro del Gobierno de Aznar, pero continuaba siendo diputado del PP en el Congreso y dirigente orgánico de la formación conservadora. Cuando la familia Cotino vendió sus negocios de ITV y de energía eólica, ingresaron 86,5 millones.
En opinión de los investigadores, los sobornos continuaron mediante pagos de menor cuantía hasta 2011, beneficiándose, también, José Luis Olivas, su sucesor en la Presidencia de la Generalitat de Valencia. Tal es así, que la UCO sospecha que el pago de 580.000 euros que éste recibió de la empresa Sedesa, propiedad de los Cotino, era resultado de su comisión por las adjudicaciones del Plan Eólico, y que a la postre llevaron a su condena de un año y medio de cárcel por dicho pago y por falsedad documental y fraude fiscal, aunque no por cohecho, puesto que la investigación de esos hechos transcurrió en paralelo a la del caso Erial.
Además, entre las conclusiones de la Guardia Civil, figura que Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía Juan Cotino, participaron de manera activa en el pago de los sobornos. Sobre este último, los investigadores indican que se habría beneficiado del presunto amaño por los beneficios obtenidos mediante Sedesa y que pudo haber intervenido en la adjudicación, como parece desprenderse de un correo electrónico que recibió en 2000.
El pasado 7 de febrero, la juez dejó en libertad a Zaplana por motivos de salud, prohibiéndole salir de España y obligándolo a comparecer semanalmente en el juzgado. Además, bloqueó dos cuentas suyas en Suiza en las que el ex ministro mantendría ocultos, presuntamente, 6,3 millones de euros. Ya en junio, la instructora del caso decomisó otros 6,7 millones de euros, entre dinero en efectivo y bienes inmuebles, que Zaplana, presuntamente, habría reintroducido en España, aprovechando, en parte, la amnistía fiscal que aprobó Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda con el PP.