El dumping fiscal sería una de las razones por las que Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ha planteado la posibilidad de un impuesto a las rentas altas de los contribuyentes madrileños.
“Podría ser una opción” fijar un impuesto específico para las rentas altas en Madrid, ha planteado en el ‘Desayuno Informativo’ de Europa Press. Además, acusa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de “competencia desleal” y de estar llevando a cabo un “’procés’ invisible”. “Atrae bases imponibles de otros lugares”, señaló.
Preguntado por el asunto en concreto, Ximo Puig respondió que “podría ser una opción”. No obstantes, precisó, “no quiero hacer ningún tipo de invención rápida y no suficientemente rigurosa”.
Así, el presidente valenciano abogó por la “gran reforma fiscal que necesita España” y que “debe atender a los nuevos impositivos”. Eso sí, subrayó, “lo que no tiene que cambiarse es lo que dice la Constitución”.
La Carta Magna dice claramente que “debe haber una fiscalidad progresiva y que tienen que pagar las personas que tienen mayor rendimiento”, apuntó Puig.
Por tanto, destacó “lo que lo que ha dicho la OCDE en relación a” la Comunidad de Madrid, que se opone a la armonización fiscal. En consecuencia, abundó, “busquemos la mejor solución. No voy a improvisar un impuesto pero sí que esa vía tiene que estar presente”.
En ese sentido, arremetió contra el Gobierno de Díaz Ayuso, acusándolo de “centralismo”. Arremetió, asimismo, contra lo que calificó de “‘procés’ invisible” de la región madrileña, que se basa en el “dumping fiscal” y la “competencia desleal”.
De ahí que se quejara de las rebajas fiscales de Madrid para las rentas altas. Según Ximo Puig, “gracias a las ventajas de la capitalidad, que concentra actividades públicas y privadas y que permite hacer dumping fiscal”.
Siguiendo esa línea, habló de “un ‘procés’ invisible” que está “fracturando España. Que España sea Madrid, que todo esté en Madrid. Sé que es una verdad incómoda, pero hay que afrontarla”, enfatizó.
A ese respecto, el presidente valenciano comentó y criticó los datos de empleados públicos que tiene la Comunidad de Madrid. Señaló que hay “más funcionarios estatales que autonómicos hay en 47 provincias”.
En términos parecidos se pronunció respecto a la gestión de contratos estatales. “Casi el 60% de adjudicaciones se hacen desde empresas residenciadas en Madrid”, concluyó a ese respecto.