Tras la regularización fiscal hecha por el rey Juan Carlos, Unidas Podemos presentará en el Congreso una solicitud para crear una comisión de investigación centrada en el uso de las tarjetas opacas que supuestamente el monarca y parte de su familia habrían utilizado.
Así lo anunció en redes sociales Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso y diputado de la formación morada. De seguido, Pablo Echenique, portavoz parlamentario del partido confederal, ha hecho lo mismo.
Cuatro meses después de su salida de España, el rey Juan Carlos presentó y abonó 678.393,72 euros semana para regularizar su situación fiscal. La investigación que promueve Unidas Podemos se refiere al presunto uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Así, el partido morado, que forma parte del Gobierno de coalición, viene a impulsar una nueva comisión de investigación para fiscalizar las actividades de la Casa Real. Ya lo ha hecho anteriormente, si bien la Mesa del Congreso lo ha rechazado.
Esta nueva investigación se sustenta, según la formación que lidera el vicepresidente segundo, en la que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Desde finales de 2019 se investiga el uso de tarjetas opacas por parte del emérito y algunos miembros de su familia, incluida la reina Sofía. De acuerdo con los argumentos de Unidas Podemos “habrían pagado abundantes cuantías de dinero” en gastos propios.
El rey Juan Carlos habría utilizado esos fondos después de abdicar
Además, ese uso de los fondos supuestamente donados por Sanginés-Krause se habría producido tras la abdicación del monarca. De hecho, sostienen, se han cursado comisiones rogatorias por parte de la Justicia para averiguar el origen del dinero.
En este escenario y a la espera del resultado de las comisiones rogatorias, la formación morada cree necesaria una comisión de investigación. Persigue impulsar la fiscalización parlamentaria de esas supuestas irregularidades y esclarecer su alcance en el seno de la familia real.
Según al grupo confederal, la labor de la Fiscalía apuntaría a indicios de delito fiscal por incrementos de renta no declarados y superiores a 120.000 en un ejercicio. A ello se une que podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, siempre que se “acreditara el origen ilícito” del dinero.
Sostienen que la regularización fiscal del rey Juan Carlos representa “la admisión de al menos una parte del fraude investigado”. “Por ende, el reconocimiento de la comisión de un delito fiscal”, añaden.
En opinión de los morados, la implicación de personas de “notoria relevancia”, como el ex jefe del Estado, en la supuesta comisión de delitos es una cuestión de “interés público que justifica una investigación parlamentaria”. Agregan que se ajusta al criterio exigido por la Mesa en otras comisiones.