Se valora si investigar las candidaturas de Bildu

Se valora si investigar las candidaturas de Bildu

La inclusión de 44 personas condenadas por pertenencia a ETA en las candidaturas de Bildu para las elecciones autonómicas y municipales ha llevado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a valorar si las investiga.

Responde en parte a la denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) instando a comprobar si son válidas.

Así, el Ministerio Público informa de que se ha procedido al “registro” del escrito de denuncia. Asimismo, señala que, “tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales”.

Según DyJ, “están concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco sujetos que han sido condenados por delitos de terrorismo”.

“Siete de ellos por asesinato terrorista”, añaden. Además, explican, “concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas”.

Argumentan que esto provoca la “consiguiente humillación y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo”.

A ese respecto, la asociación defiende que “es deber y obligación del Estado de Derecho ser especialmente cautelosos y escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos” que legalmente se exigen “para poder concurrir como candidatos a unas elecciones”.

Es decir, comprobar si los exconvictos terroristas en las candidaturas de Bildu han cumplido sus respectivas condenas.

Asimismo, sostienen que “ya existen precedentes en los que esta asociación ha denunciado hechos esencialmente idénticos”.

De hecho, siempre según sus palabras, “se ha podido acreditar que sujetos condenados por delitos de terrorismo han concurrido a unos comicios a pesar de no tener cumplida la pena de inhabilitación especial”.

Mencionan expresamente “el caso de Iker Casanova Alonso”. “Otro precedente lo constituye el caso de Arnaldo Otegi”, abundan.

De este modo, recuerdan que en este último caso la Junta Electoral de Guipúzcoa acordó en agosto de 2016 excluirlo como candidato.

“Evitando, así, la concurrencia a unas elecciones autonómicas de un condenado por delito de terrorismo, con la pena de inhabilitación sin cumplir”, concluyen.

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