Si se aseguran las contribuciones.
Durante la cumbre del G20 en Mendoza, Argentina, Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha señalado que el sistema de pensiones español tiene un futuro “positivo”, aunque hay que asegurar que las contribuciones a los sistemas son “proporcionadas” a la capacidad contributiva de empresas y trabajadores.
La ministra asegura que el único camino posible para conseguir un futuro de trabajo en el que las empresas encuentran trabajadores y que estos tengan empleos de calidad pasa por el trabajo conjunto de Educación y Empleo.
A su juicio, se hace imprescindible que la formación aporte “sólidas competencias generales” y que dicha formación se extienda a toda la vida profesional de forma que los trabajadores puedan adaptarse a las transformaciones laborales.
De ahí, que haya adelantado que el Plan de Choque de Empleo Juvenil se pondrá en marcha en los próximos meses y contempla una serie de medidas dirigidas a los itinerarios profesionales, con políticas activas de empleo, así como la reordenación y sistematización de los incentivos reconocidos a las empresas para su contratación, siempre desde la coherencia.
Igualmente, Valerio destacó la puesta en marcha del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 aprobado por el Gobierno en julio incluyendo 75 medidas desde las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude y la precariedad laboral.
Explicó que “el objetivo principal de este plan es que la salida de la crisis no consista solo en creación de empleo, sino en mejorar la calidad del mismo”. Por ello, el instrumento más válido es luchar contra el fraude laboral en todos los frentes, como son los falsos contratos temporales, contratación ilegal a tiempo parcial, discriminaciones o los falsos autónomos, falsos becarios o prácticas formativas que, en realidad, encubren auténticos contratos de trabajo.
La ministra manifestó su confianza en que el sistema público de pensiones español “ha tenido pasado, tiene presente y va tener un futuro positivo”.
En esa misma línea, Valerio señaló la “fortaleza” del sistema, como se ha demostrado durante la crisis y defendió “la necesidad de preservarlo”, así como que tiene que ser suficiente y proporcionar pensiones dignas, además de llegar a todas las situaciones de necesidad “sin dejar a nadie fuera”, siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Para ello, el Gobierno español se propone reforzar el sistema de protección social y mejorarlo para las situaciones de desigualdad que aún existen, para adaptarlo a la realidad del mercado laboral y las demandas sociales. Igualmente, se persigue la estabilización de la situación financiera asentándola en unas bases que garanticen su sostenibilidad.
Para conseguirlo, se debe trabajar tanto en el gasto como, sobre todo, en los ingresos. “Si se quiere contar con sistemas de protección financieramente sostenibles, tenemos que asegurar que las contribuciones a los sistemas son proporcionados a la capacidad contributiva de las empresas y los trabajadores”.
Valerio indicó que el Estado de Bienestar en España es “avanzado y consolidado, con una cobertura sanitaria universal para todos los ciudadanos y un sistema de Seguridad Social donde 14 millones de personas reciben mensualmente una prestación y del que una de cada tres familias españolas dependen de una pensión pública”.
La titular de Trabajo y Seguridad Social, en otra de las sesiones del encuentro, mantuvo que las movilizaciones del 8 de marzo lanzaron el mensaje de que la igualdad debe ser una base esencial si se persigue un futuro del trabajo justo e inclusivo.
En ese sentido, abogado porque los gobiernos desarrollen políticas en el ámbito económico, educativo, laboral y social integradoras que la perspectiva de género para alcanzar un trabajo igualitario.
Por tanto, es necesario dar solución a problemas como las brechas salariales, las diferencias en el acceso a la formación, a la educación, al reparto de responsabilidades y cuidados en la familia, las pensiones de jubilación o la presencia en órganos directivos en empresas y administraciones públicas.