A juicio del lehendakari Iñigo Urkullu, para avanzar en materia de soberanía y autogobierno hay que “huir de definiciones maximalistas del derecho a decidir”.
Más bien, buscar acuerdos institucionales y políticos que se basen en el respeto a la “pluralidad” y que se puedan someter consulta por cauces legales.
Así se ha manifestado el presidente vasco precisamente el día en que el independentismo catalán reivindicaba el espíritu del 1-O en el cuarto aniversario de la celebración del referéndum ilegal.
Urkullu respondía también a una pregunta de EH Bildu acerca de la posición del Gobierno vasco para conseguir un nuevo “estatus político” para Euskadi.
En ese sentido, Maddalen Iriarte, portavoz de la formación abertzale, recordó al lehendakari que tanto ellos como el PNV firmaron un principio de acuerdo. Dicho pacto establecería las bases en las que se sustentaría un hipotético nuevo estatus político.
Así, Iriarte destacó que el acuerdo ya refleja la “pluralidad”. Al tiempo, avisaba de que no se puede dar un “derecho a veto” a ciertas formaciones políticas que bloqueen la reforma del sistema de autogobierno.
Urkullu recuerda que no está regulado
Por su parte, Urkullu señaló que el derecho a decidir “no está jurídicamente regulado”. Además, el Tribunal Constitucional rechazó en su día la Ley de Consultas que había aprobado el Parlamento Vasco.
En consecuencia, apuntó que la labor del Legislativo de Euskadi debe ser “acordar una articulación jurídica para dar un cauce efectivo y con garantías” a lo que reclaman los ciudadanos.
Insistió en su compromiso para proteger la “pluralidad”. “Es posible avanzar en un nuevo estatus sobre la base de la pluralidad de este Parlamento”, valoró el lehendakari.
“Creo que es posible aquí un acuerdo institucional sobre el que después decida la ciudadanía en referéndum”, añadió. Además, trasladó que “el derecho a decidir se debe basar en un acuerdo político e institucional que luego deberán ratificar los ciudadanos”.
Agregó que “para poder avanzar hay que huir de definiciones maximalistas del derecho a decidir, pasar de especulaciones e inconcreciones a una concreción”.
A ese respecto, remarcó que “en todo este tiempo no he visto una decisión que rompa el ordenamiento jurídico que sea eficaz”. De ahí que se reafirme en su apuesta por un acuerdo respetuoso con la “soberanía compartida” entre el Estado y Euskadi.
Un acuerdo basado “en el respeto y reconocimiento” de las partes y en asumir “la capacidad singular de Euskadi para la toma de decisiones”.