Uno de cada siete españoles no puede calentar su casa

Uno de cada siete españoles no puede calentar su casa

Los organismos europeos consideran energía una mercancía, lo que obstaculiza la regulación social de precios.
Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Medioambientales, el 15% de la población española, 6,8 millones de personas, no puede calentar su casa hasta temperaturas adecuadas. La razón reside en que los propios organismos europeos considera la energía una mercancía, dificultándose, así, una regulación social de precios, publica Ecologistas en Acción en De la vulnerabilidad energética al derecho a la vida.

De acuerdo con las explicaciones a Público de Cecilia Sánchez, autora del informe, “la carta fundacional de Europa podría incluir perfectamente el derecho a la energía”, pero no se ve como un bien común sino como Desde una perspectiva comercial. “No me puedes quitar un derecho porque no te asegure un libre mercado. Primero los ciudadanos, luego las empresas”, critica la autora.

Así, el informe señala que “es significativo que la redacción del artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ponga el acento en las condiciones económicas y financieras que han de respetar las empresas que ofrezcan servicios de interés económico general”.

La situación en España no es muy distinta de la visión neoliberal de la energía que hay en Europa y, de ahí, que Ecologistas en Acción denuncien la inacción política de los Gobiernos, que tan solo promueven bonos sociales que no cubren el número de consumidores energéticos vulnerables reales. Tal es así, que según la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, la última reforma llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez representó un ahorro de dos euros en la factura.

La entrada en vigor, en diciembre de 2018, de esta reforma de bonos sociales ha resultado negativa porque no ha cubierto a parte de la población, indica Soledad Montero, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Mientras que ahora solo hay un millón cien beneficiarios, antes había dos millones. “Esto no es una buena noticia, porque no significa que haya menos gente vulnerable, sino que el bono social no recoge las necesidades de esta población”, critica la portavoz.

El desamparo energético se refiere a la condición mercantil que se da a un derecho fundamental como es tener acceso a la energía, indican en el estudio de Ecologistas en Acción. De todos modos, esta desprotección podría ser peor cara al final del invierno puesto que el bono térmico no podrá aplicarse ya que los grupos parlamentarios no aprobaron los Presupuestos Generales del Estado. Dicho bono térmico pretendía aplicarse mediante un pago único para repartir entre la población, bajo criterios de zona térmica y vulnerabilidad. “Al no haber acuerdo, la partida no existe y se va a quedar excluida de esta ayuda mucha gente”, precisa Montero.

Solo Grecia incluyó medidas sociales para erradicar la pobreza energética en su Plan Nacional de Energía y Clima, se desprende de un informe de OpenExp. Por tanto, esta lacra no se produce solamente en España, sino que la inacción política es más extendida. Los límites jurídicos e institucionales que analiza Cecilia Sánchez son las principales razones.

Sobresalen especialmente los acuerdos internacionales que protegen a inversores del sector energético, entre los que el más perjudicial para los intereses sociales de los españoles es el Tratado sobre la Carta de la Energía, puesto que influye decisivamente en el rumbo comercial del sector energético, anteponiendo los intereses empresariales a los derechos sociales.

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