Las residencias de mayores madrileñas han sido las más castigadas por el coronavirus, a tal punto que el 15,31% de los residentes murió entre el 8 de marzo y el 15 de mayo, según cálculos de El País. Se basa en los datos enviados al Ministerio de Sanidad por las Comunidades Autónomas.
Se trata de fallecidos por cualquier causa, no necesariamente con coronavirus. De hecho, de los 7.690 fallecidos en ese periodo, a sólo 1.203 se le hizo el pertinente test. Muchos de los mayores que murieron en las residencias madrileñas mostraban síntomas compatibles, pero no se les hizo una prueba para confirmar el diagnóstico.
Lo cierto es que Madrid ha sido, y sigue siendo, la autonomía más impactada tanto en términos absolutos como relativos. Durante ese periodo, el Gobierno regional intervino 14 centros de mayores, una cifra que contrasta con, por ejemplo, la de Asturias: 112.
Todavía no hay cifras oficiales del número de fallecidos. Es más, sólo nueves Comunidades Autónomas han enviado la información que Sanidad les obliga a facilitar desde el 8 de abril. Son Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana.
La cifra de muertes en esas nueve regiones asciende en el período anterior a 5.346 con test realizado. En cambio, el número total de decesos por cualquier causa se eleva a 19.243. Al menos a la mitad de todos ellos no se les hizo el test que constataría o descartaría la Covid-19.
Lo cierto es que Madrid sólo informa de los fallecidos en los propios centros. Otras regiones lo hacen también de los residentes que mueren en hospitales. El total de fallecimientos en las residencias madrileñas por cualquier causa asciende hasta los 7.690 de los 42.523 mayores que ahora viven en ellas.
El Gobierno madrileño está roto a causa de las residencias
La Comunidad de Madrid ha estado en el foco durante esta epidemia. El Gobierno regional está roto por el pacto de recuperación y, especialmente, por la situación de las residencias.
Isabel Díaz Ayuso, la presidente, y Enrique Ruiz Escudero, consejero (PP) de Sanidad, desoyeron las advertencias de Alberto Reyero (Ciudadanos), de Políticas Sociales. Este último alertó del riesgo de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna”, así como de las “graves consecuencias legales”.
Desde hace días, Ayuso trata de convencer a la opinión pública de que el protocolo enviado a los directores de los centros era un borrador. A su vez, responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Ejecuto central, de lo sucedido. Incluso, quiere querellarse contra este último.
Sánchez responde recordándola que la gestión de las residencia es competencia de las Comunidades. Iglesias, que sí actúa en la coordinación en lo relativo a servicios sociales, abunda en ello.
Es más, una Orden ministerial facultaba a las autonomías a intervenir los centros que estuvieran desbordados. Esa misma Orden obligaba a separar a los residentes en grupos para frenar la expansión del virus.
Las nueve Comunidades Autónomas antes citadas han abierto 428 expedientes de intervención en residencias de servicios sociales. Por tanto, los Gobiernos de las regiones han llevado a cabo algún tipo de actuación, que implica cambiar la dirección del centro.
Para Ayuso, “intervención” no significaba eso. En Madrid se han abierto 14 expedientes, el mismo número de centros intervenidos. Esto puede suponer que no se hayan comunicado otras actuaciones más leves.