En la Comisión para la Reconstrucción, celebrada ayer en el Congreso, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, propuso abordar la mayor subida de la presión fiscal de la democracia en España. Esto es, más del 7% del PIB.
Así, se refirió a que en 2019, “España recaudó un 7,4% del PIB menos que la media de la zona euro”. Ese es el porcentaje que, para Iglesias, justifica aumentar la presión fiscal.
Todo ello pasaría por un plan de reforma de la fiscalidad en el marco de una nueva política fiscal que fue explicando. Ese incremento se centraría en las grandes fortunas, pero también en el impuesto del IRPF. Subiría progresivamente a las rentas altas y al rendimiento de capitales.
Respecto al primero, el de los grandes patrimonios, se llegaría a una recaudación del 1% del PIB, es decir, alrededor de 11.000 millones de euros. Sería para aquellas fortunas superiores a un millón de euros.
De hecho, lo que propone Unidas Podemos es partir de un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros. A partir de ahí, un gravamen de un 2% para los patrimonios de más de un millón de euros, un 2,5% a los de más de 10 millones de euros, un 3% para los mayores de 50 millones y un último tramo del 3,5% para aquellas fortunas que superen los 100 millones de euros.
El vicepresidente segundo quiso destacar como inevitable para la reconstrucción del país la necesidad de una reforma fiscal en esa línea. “Un sistema fiscal más progresivo es, sencillamente, la condición de posibilidad de la reconstrucción”.
La mayor presión fiscal se contempla en el acuerdo programático
En definitiva, no es más que desarrollar el acuerdo programático del Gobierno de coalición en esos aspectos. Así, implicaría un aumento de un 2% de los tipos impositivos sobre la base general para contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros.
También, un incremento de cuatro puntos porcentuales en la parte superior a los 300.000 euros. Asimismo, la presión fiscal se incrementaría en un 4% para esas rentas superiores a 140.000 euros.
La formación morada trabajó en unos primeros informes. Concluyeron que se debía subir el IRPF a las rentas del trabajo que estuvieran por encima de los 120.000 euros anuales. También a las de rendimiento de capital superiores a los 60.000 euros.