Una treintena de detenidos en una redada en Cataluña por el desvío de fondos de cooperación

Entre los arrestados, Salvador Esteve, ex presidente de la Diputación de Barcelona.
Alrededor de 500 agentes de la Policía detuvieron ayer a una treintena de personas y llevaron a cabo distintos registros en una operación ordenada por un juez por el presunto desvío, ejecutado por la Diputación de Barcelona, de dos millones de euros destinados a cooperación y desarrollo a empresas, fundaciones y entidades afines a Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, entre 2011 y 2015. Así, efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la policía registra la propia Diputación de Barcelona, sedes de fundaciones de cooperación y empresas y domicilios particulares en Girona, Mataró, Manresa y Reus. Entre las detenciones figura la de Salvador Esteve, que presidió la Diputación entre 2012 y 2015, dejando la gestión de los proyectos de ayuda al desarrollo en manos de patronales, empresas y fundaciones privadas.
Durante la investigación sal desvelaron numerosas irregularidades en 26 expedientes de adjudicación. El juez instructor subrayó el “incumplimiento grosero” de la reglamentación, citando especialmente a Jordi Castells, ex director de Relaciones Internacionales y máximo responsable en la concesión de las ayudas, que se “entrometía” y “presionaba” a los técnicos de la Diputación cuando ponían objeciones a los expedientes. Según el juez, las memorias que se deben presentar cuando se adjudica un proyecto para países en vías de desarrollo, eran un simple “copia y pega”. “No son más que meras copias de documentos que pueden hallarse libremente en Internet”. Sí, podemos ver el caso de una subvención para unas actividades en la Isla de Pascua por importe de 45.000 euros. En este lugar del Pacífico se hacen exposiciones muy genéricas y en la memoria simplemente se presentaron y escenificar de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios. Otro claro caso de las anormalidades en la adjudicación de las ayudas es el de Voltia Solutions, que se creó “poco antes de otorgarse la subvención directa”, sin tener “experiencia en cooperación al desarrollo” y que fue objeto de adjudicación de trabajos para orientar a los ayuntamientos del Magreb para el diseño de “planes de detección de prioridades de inversión”. La responsable de esta empresa hasta ese entonces solo había gestionado una inmobiliaria. Para evitar el concurso público, la mayoría de las adjudicaciones se otorgaban mediante contratos menores, inferiores a 18.000 euros, algo “legítimo”, indica el juez, pero ante tantas “irregularidades”, lo más probable es que los fondos fueran a parar a fines, en cualquier caso, ajenos al desarrollo.
Destacan otros nombres en esta trama, como Joaquim Ferrer, miembro de pimec, la patronal de las pequeñas empresas próximas al secesionismo, cuya empresa recibió un contrato para elaborar un Plan Director de internacionalización de igualada. Otro de los detenidos, Víctor Terradellas, cobró de una de las empresas adjudicatarias hasta 2014 y luego, como autónomo, de CDC, y fundó la empresa Catmon e Igman junto a Francesc de Dalmases, Diputados de Junts per Catalunya, quien cobró como director de una revista de ONG, a pesar de que los estatutos de la compañía no lo permitían. Según fuentes de la investigación, de los registros podría, indiciariamente, derivarse el uso de fondos en el procés.