El Tribunal Supremo de Justicia acusa a varios diputados opositores de delitos como el de rebelión y traición.
La diputada opositora Mariela Magallanes ha buscado refugio en la residencia del embajador de Italia en Caracas, según ha trasladado el Ministerio de Exteriores italiano. Magallanes es miembro de la Asamblea Nacional, que está compuesta por siete miembros, a los cuales el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por chavistas, ha facilitado el camino para que se les retire la inmunidad.
Existe un procedimiento para conceder la nacionalidad italiana a Magallanes puesto que está casada con un ciudadano transalpino. Según el comunicado del Ministerio de Exteriores de Italia, la diputada “ha sido acogida en la residencia del embajador de Italia en Caracas y le será garantizada cualquier posible tutela y hospitalidad, conforme a las convenciones diplomáticas”, ha confirmado la Farnesina.
Por otra parte, Enzo Moavero, ministro de Exteriores, ha trasladado su “más firme condena por la decisión (del TSJ) que viola la inmunidad parlamentaria básica y los principios del Estado de Derecho”.
“Tales actos represivos no ayudan en nada a la búsqueda de una solución democrática y pacífica a la grave situación venezolana, a favor de la cual el Gobierno italiano trabaja junto con la UE, también en el contexto del Grupo Internacional de Contacto”, ha señalado Moavero.
El pasado martes, el Tribunal Supremo de Justicia, decidió que siete diputados opositores, entre los que se encuentra Henry Ramos Allup, antiguo presidente de la Asamblea Nacional, debido a la “comisión flagrante” de delitos como el de traición y rebelión, por lo acaecido el pasado 30 de abril, han visto comprometida su responsabilidad penal.
Tarek William Saab, fiscal general cursó una petición para que se investigara la responsabilidad penal de Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Andrés Enrique Delgado, Amerigo De Grazia y Richard José Blanco, por lo que el pleno del TSJ se reunió en sesión extraordinaria para examinarla.
Este órgano dictó una orden para remitir la resolución a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, y al fiscal general “para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente, observando para ello las debidas garantías procesales y derechos constitucionales”.
Precisamente el primer paso para que la Asamblea Constituyente quite la inmunidad parlamentaria a los siete diputados es el fallo del TSJ y, por tanto, la Fiscalía puede abrir el procedimiento que lleve a procesarlos por los delitos de los que se les acusa.