El diputado ecuatoriano Yofre Poma y Amado Chávez, prefecto de la provincia de Sucumbíos, han sido encarcelados después de que un juez de Ecuador dictara prisión contra ellos por participar en las protestas contra el Gobierno de Lenín Moreno a causa del llamado paquetazo. Éste es el paquete de medidas económicas impuestas por el Ejecutivo, entre las que se eliminan las ayudas al combustible y se liberaliza su precio.
Ambos, junto con otras siete personas, están acusados de un presunto delito de paralización de un servicio público. Fue Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado de Ecuador quien formuló los cargos contra estas nuevas personas, y el magistrado David Jacho quien atendió la petición.
El grupo ha pasado a prisión preventiva y se han bloqueado sus cuentas bancarias, así como se ha decretado la prohibición de vender sus activos. Poma es afín al ex presidente Rafael Correa.
Entres los implicados figuran también el director de Comunicación del Gobierno regional de Sucumbíos, la presidente de la Asociación de Empleados Públicos de esa provincia, un concejal, un dirigente y otras tres personas cuyos cargos no han sido desvelados.
Los detenidos fueron arrestados el 7 de octubre cuando irrumpieron “violentamente” en las instalaciones de Petroecuador en Sucumbíos. Según el Ministerio Público, llegaron a la sala de control y amenazaron con atentar contra los equipos de bombeo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano y los empleados de la empresa.
Este Sistema fue interrumpido durante algo más de dos horas, una “paralización de un servicio público del área estratégica”. El coste de esta paralización podría suponer al Estado ecuatoriano más de 1,7 millones de dólares –unos 1,5 millones de euros-.
El caso ha quedado resuelto mediante un procedimiento directo y se ha fijado la vista del juicio para el 18 de octubre. El Código Penal de Ecuador castiga estos delitos con penas de entre uno y tres años de prisión.