Un comité de la ONU, en contra de legalizar la eutanasia en España en caso de discapacidad

Un comité de la ONU, en contra de legalizar la eutanasia en España en caso de discapacidad

Podría crearse un clima de “estigma” contra los discapacitados que condujera a la discriminación.
Entre las recomendaciones que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha hecho al Gobierno de España figura que se retiren las disposiciones relativas a la eutanasia por motivos de discapacidad. Se argumenta que ello podría “crear un clima de estigma” contra los discapacitados que podría conducir a la discriminación. Asimismo, que se retiren las provisiones legales que tengan que ver con la interrupción del embarazo ante una posible deficiencia fetal.

Así, este comité ha pedido que se revisen y modifiquen “todas las leyes, políticas y prácticas relativas a la prestación de servicios a las personas con discapacidad a todos los niveles y en todas las comunidades autónomas”, siguiendo los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, anima a que se garantice la participación y las consultas con organizaciones formadas por personas con discapacidad que tengan que ver con mujeres, niños, refugiados y solicitantes de asilo, miembros del colectivo LGTBI y discapacitados psicosociales o con discapacidades intelectuales, auditivas o visuales.

Respecto a los menores reclama que, mediante la elaboración y aplicación de una estrategia para promover entornos familiares seguros y con el apoyo comunitario, plazos específicos y un presupuesto adecuado, se adopten medidas para terminar con el internamiento de los niños con discapacidad. También, acceso universal a los servicios de atención primaria de salud y la garantía de que puedan expresar libremente sus opiniones sobre todos los asuntos que les conciernen. Igualmente, pide que se lleven a cabo iniciativas para afrontar la violencia de género contra las mujeres con discapacidad psicosocial, así como prevenir, investigar y reparar violaciones de sus derechos humanos, además de enjuiciar a los responsables.

Al Comité le preocupa, también, que solo el 0,6% de los edificios estatales son accesibles, aunque el compromiso España era lograr la accesibilidad universal a finales de 2017. Critica que las medidas adoptadas con el fin de garantizar la accesibilidad, en especial en los edificios privados, hayan sido insuficientes o ineficaces.

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