Un año más nada cambia

Por Carolina Gutiérrez Montero (investigadora biomédica)
Una semana como la pasada volvimos a celebrar un primero de mayo cargado de reivindicaciones para todos los trabajadores y trabajadoras que de una manera u otra se encuentran en unas condiciones abusivas de trabajo. Eso claro, los afortunados que tenemos un trabajo del cuál poder quejarnos, porque los millones que se encuentran en paro ni siquiera tienen ese derecho fundamental: viven un día del trabajo sin trabajo.
Y claro, de esto no nos libramos y no sé ya si nos libraremos alguna vez los que nos dedicamos a la investigación. Dos noticias aparecieron la semana pasada en la prensa relacionadas con este tema: una que el Gobierno redujo casi a la mitad los pagos a las universidades para proyectos de investigación científica y otra un poco más positiva y es que el Tribunal Supremo ha sentenciado que el Gobierno debe aprobar antes de seis meses la normativa necesaria para que se puedan actualizar los sueldos de 877 funcionarios titulares de Organismos Públicos de Investigación (OPI).
En relación a la primera, la caja de Pandora la abrió el diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, quien en el Congreso puso en evidencia al Ejecutivo, que terminó admitiendo que en el año 2016 el importe concedido para investigación en las universidades fue de 457 millones mientras que en el año 2017 se produjo una reducción para estas actividades siendo el importe de 250 millones.
El Gobierno, a finales del año 2015, crea la Agencia Estatal de Investigación, un organismo que pretendía ser más eficaz a la hora de gestionar las subvenciones de la I+D. Pero, claro, hay un pequeño problema, y es que este organismo depende del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y fue creado además tres años después de lo que disponía la Ley de la Ciencia. Total, que nos encontramos con un organismo creado para gestionar de forma más eficaz las subvenciones para la investigación y que no cuenta con presupuesto propio hasta dos años después de su creación (en el 2017) y, por tanto, aún no ha desembolsado los 369 millones de euros correspondientes a dos de sus principales programas de 2017.
Y lo mejor de todo es que el Gobierno se queda tan tranquilo con esta explicación, consecuencia, según ellos, del retraso en la aprobación de los presupuestos del año 2017. Además, el retraso de los pagos también afecta a las ayudas presupuestadas para el año 2018 y que no se pagarán hasta el año 2019. Y mientras que el Gobierno se decide a actuar, muchos investigadores tienen que parar sus proyectos de investigación porque no tienen financiación para continuar, incluyendo su mísero sueldo.
Como dice el diputado Heredia no se trata solo de incrementar el presupuesto en I+D, sino que hay que ejecutarlo en su totalidad.
Y, como no podía ser de otra manera, los tribunales empiezan a estar llenos de quejas de investigadores que claman y reclaman por sus derechos laborales. Esta vez la Justicia ha estado de su parte y la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha considerado el recurso de un grupo de investigadores de diferentes organismos del Estado por incumplimiento por parte del Gobierno de no desarrollar correctamente la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
El Gobierno ha incumplido el pago de méritos y de excelencia científica a los investigadores desde el 1 de enero de 2014 (entrada en vigor de dichos pagos), acogiéndose a que por una causa legal, las limitaciones de incremento de gasto público de las leyes de presupuestos para los años 2014 y 2015, había sido imposible ejecutar esos pagos. Sin embargo, y cito textualmente, “el Supremo aprecia un claro supuesto de inactividad formal normativa pues la Administración incumple un claro e incondicionado deber legal de dictar normas o disposiciones de carácter general —inactividad reglamentaria—, es decir, la administración ha incumplido un deber jurídico que viene representado por una actuación de la Administración —por omisión— al margen de las previsiones legales y contribuyendo a que estas queden sin efecto”.
Sentencias como estas empiezan a poner de manifiesto nuestros derechos aunque tengamos que conseguirlos tribunales de por medio.
A estas dos noticias hay que unir el hecho de que 300 investigadores del Instituto de Investigación Carlos III denuncien en un comunicado enviado al Ministerio de Economía su situación, no solo a nivel presupuestario, sino también a los procedimientos de gestión impuestos por el Ministerio de Hacienda, lo que se traduce en el retraso en los contratos del personal que se ven obligados a irse al paro durante meses.
Estas reivindicaciones ya fueron comunicadas hace tres años a la ya anteriormente nombrada Agencia Estatal de Investigación, quien declaró que el problema no era de ellos, sino del Ministerio de Hacienda. Es decir, pasándose la pelota de unos a otros mientras que un año más los investigadores seguimos trabajando en situaciones precarias de estabilidad laboral.
Siempre con el sueño por delante de que en un futuro no muy lejano nuestro trabajo sea reconocido como lo que es: ¡un trabajo más!
Sin ciencia no hay futuro.