Un año del referéndum del 1-O

Hay decenas de causas abiertas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados catalanes.
Hoy se cumple el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña. El procés derivó en decenas de causas judiciales en el Tribunal Supremo, contra los líderes soberanistas, en la Audiencia Nacional, contra la excúpula de la conselleria de Interior y los Mossos d’Esquadra, y en juzgados catalanes contra los promotores de la logística, Mossos, alcaldes y agentes de la Policía Nacional, que son investigados por las cargas policiales.
Así, Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ex vicepresidente, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, ex consellers, están procesados en el Supremo por presunta rebelión y malversación. Por su parte, Carme Forcadell, ex presidente del Parlament, Marta Rovira, número dos de ERC, Jordi Sànchez, ex presidente de la ANC y diputado por JxCat, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, lo son solo por rebelión.
Asimismo, están procesados por supuesta desobediencia y malversación Meritxell Borràs, Lluís puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, ex consellers. Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, todos ellos ex miembros de la Mesa del Parlament, Mireia Boya y Anna Gabriel, ex diputadas de la CUP, lo son por supuesta desobediencia.
El magistrado Pablo Llarena, en el auto de procesamiento, entiende que los encausados por rebelión promovieron que la ciudadanía a favor de la independencia se enfrentara al dispositivo policial que obedecía la orden judicial de impedir el referéndum del 1-O. Esto “supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente aconteció el día de la votación”.
Se prevé que el juicio en el Tribunal Supremo se celebra en enero, después de las navidades. Se separa una pieza con los procesados declarados en rebeldía, esto es, Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig, Serret, Rovira y Gabriel. Ninguno de ellos podrá volver a España hasta que la causa prescriba y, de hacerlo, serán detenidos y juzgados.
Según señalan en el alto tribunal, están previstas varias semanas para confirmar el cierre de la instrucción del juez Llarena y que se dicte auto de apertura de juicio oral. Posteriormente, la Fiscalía y la acusación popular de Vox tendrán que presentar sus escritos de calificación. Lo previsto es que el Ministerio Público mantenga la acusación por rebelión.
A continuación, se notificará a los abogados defensores para que presenten sus escritos de defensa. No obstante, se contempla que plantearán cuestiones de previo pronunciamiento, como la competencia del tribunal, lo que conllevará vistas previas en el tribunal sin presencia de los acusados. Este proceso puede llevar dos o tres semanas.
Es previsible que el juicio dure entre dos y tres meses, a pesar de que el Supremo pretende ir lo más rápido que sea posible, con sesiones, todos los días, de mañana y tarde. No obstante, atendiendo a todas las deliberaciones que se producirán, no se dictarán sentencia hasta después de las elecciones de mayo.
Respecto a la Audiencia Nacional, después del juicio en el Supremo se celebrará el de César Puig, ex secretario general de la Consellería de Interior, Pere Soler, ex director de los Mossos d’Esquadra, el mayor Josep Lluís Trapero y la intendenta Teresa Laplana. Los cuatro están procesados por supuestos delitos de sedición y los tres primeros también por organización criminal.
Estas causas se refieren a los hechos sucedidos el 20 y 21 de septiembre de 2017 y a su actuación durante el 1 de octubre. Según la juez Carmen Lamela, la inacción de los Mossos d’Esquadra en esas fechas, en el primer caso durante la concentración de alrededor de 40.000 personas delante de la sede de la Conselleria d’Economia durante un operativo de la Guardia Civil que investigaba la logística del 1-O, y también durante la propia jornada del referéndum ilegal, podrían considerarse constitutivas de un delito de sedición como autores o cooperadores necesarios, por acción o por omisión.
Por otro lado, 50 personas, entre ellos cargos o ex cargos de la Generalitat, siguen siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por su supuesta vinculación con la logística cara a facilitar el referéndum del 1-O.
La causa se inició después de las denuncias de Vox y el abogado Miguel Durán motivadas por unas declaraciones hechas en febrero de 2017 por el que entonces era senador de ERC y juez Santi Vidal, quien afirmaba que la Generalitat disponía de los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal y que estaba en su poder un listado de los jueces que eran afines al procés.
En consecuencia, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer decidió investigar a Vidal y a Carles Viver Pi-Sunyer, ex presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, así como, después, a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, cargos dentro de la Conselleria de Oriol Junqueras. Ramírez Sunyer también ordenó el dispositivo del 20 de septiembre en las consellerias de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, con el propósito de detener los planes del referéndum. Este despliegue fue el desencadenante de la protesta de las 40.000 personas delante de la Conselleria d’Economia que dirigía Junqueras.
Por su parte, 24 agentes de la Policía Nacional están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona por su actuación durante el operativo policial de la jornada del referéndum ilegal en varios colegios de la Ciudad Condal. También se investiga a cuatro de los ocho inspectores jefe que dirigían el operativo.
Finalmente, se han abierto varios procedimientos en otros juzgados de Cataluña a agentes y mandos locales de Mossos por desobediencia, contra ciudadanos por resistirse a la autoridad y por otros delitos, a la vez que hay abiertas investigaciones contra alcaldes que, presuntamente, colaboraron con el referéndum.