La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que el Gobierno quiere salvar el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) preocupa a la Unión Europea. Tal es así que la Comisión Europea va a poner el foco “con atención” al desarrollo de la misma.
A su vez, lanza la advertencia de que no debe poner en compromiso la independencia judicial. Tampoco, que el órgano de gobierno de los jueces pueda percibirse como “vulnerable a la politización”.
Christian Wigand, portavoz comunitario de Justicia, ha informado a Europa Press que, ante ese escenario, Bruselas va a observar “con atención” su desarrollo.
Además, recordó que un informe reciente sobre el Estado de derecho en España destacaba lo importante que es que se garantice que el CGPJ “no sea percibido como vulnerable a la politización”.
A ello se une que hace una semana la Comisión Europea publicó su primera evaluación del Estado de derecho de cada miembro de la UE. En España, indicaba, no se detectaron riesgos graves en el sistema democrático español.
No obstante, advirtió de que actual situación del CGPJ es un reto que se debe afrontar de manera inaplazable.
El pasado martes, PSOE y Unidas Podemos registraron una proposición para reformar la LOPJ de forma que se rebaje la mayoría necesaria para renovar a doce de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Son los que corresponde elegir a las Cortes.
Actualmente, se necesitan tres quintas partes de votos favorables tanto en el Congreso como en el Senado. Socialista y morados pretenden que baste con mayoría absoluta.
La reforma pondría límites al CGPJ cuando esté en funciones
Además, incluiría una suerte de prevención de tal forma que cuando el mandato de los componentes del CGPJ haya caducado su ámbito de actuación quede limitado. Un ejemplo sería que el Consejo no pueda nombrar magistrados en puestos clave mientras esté en funciones.
Casi todas las asociaciones de jueces han mostrado sus recelos a una reforma en ese sentido, alegando que amenaza la separación de Poderes.
A todo ello hay que añadir que este asunto fue uno de los motivos que provocaron una gran y vergonzosa bronca en la sesión de control al Gobierno de ayer. Antes, Pablo Casado había advertido de que, si se llevaba a cabo la reforma, la recurriría ante el Tribunal Constitucional y la tildó de “atropello”.
Cabe recordar que es precisamente Casado quien lleva bloqueando la renovación de ésta y otras instituciones constitucionales desde hace más de un año. Y también hay que recordar que el mandato de la Constitución es la renovación de dichos órganos.
El CGPJ lleva en funciones dos años. Y eso que el líder popular había aceptado por WhatsApp renovar el Poder Judicial, pero luego se echó atrás.