El TSJC ordena a la Generalitat vacunar a policías y guardias civiles

El TSJC ordena a la Generalitat vacunar a policías y guardias civiles

Policías y guardias civiles destinados en Cataluña deben recibir la vacuna contra el coronavirus. Así lo ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a instancias de la Fiscalía Superior de Cataluña, que recogió la petición de Jupol y Jucil para que se reanude la vacunación a estos agentes.

El fiscal había pedido al Tribunal que estimara la solicitud de estos sindicatos policiales en ese sentido.

Según el informe del fiscal, la reanudación de la vacunación a policías y guardias civiles destinados a esa región estaba “totalmente justificada”. Así lo entiende el TSJC que estima la medida cautelar solicitada por los sindicatos.

Es más, al Ejecutivo catalán deberá a equiparar el nivel de vacunación de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil con la proporción que lleven vacunados Mossos d’Esquadra y policías locales. Debe hacerlo en diez días.

El Departament de Interior cifró ese porcentaje entre el 70 y el 80%. Transcurrido ese plazo, deberá informar al TSJC. Además, impone a la Generalitat el pago de las costas procesales.

Jupol y Jucil recurrieron al pasado 8 de abril la resolución de la Generalitat suspendiendo sine die la vacunación a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña.

Se vulneraba el derecho de igualdad de policías y guardias civiles

Ambos sindicatos policiales sostenían que se vulneraba el derecho de igualdad y la no discriminación porque sí continuó la vacunación a otros cuerpos de emergencias.

La Conselleria de Salud, alegaron, “está incumpliendo en Cataluña el Plan nacional de vacunación contra el Covid-19”. Sólo lo aplica “a los funcionarios de las policías autonómicas y locales y a otros cuerpos de seguridad”. En cambio, está “excluyendo u omitiendo” a policías y guardias civiles.

Así las cosas, el 20 de abril, el TSJC descartó adoptar medidas cautelarísimas e instó a las partes a posicionarse acerca de las medidas cautelares que piden los sindicatos.

De este modo, la Fiscalía Superior de Cataluña mostró su posición sobre el asunto con este informe. “Resulta obvio que, de ser ciertos los hechos alegados, se habría causado –o se estaría causando—, además de un patente incumplimiento normativo, una clara e injustificada situación de discriminación por parte de la administración”, señalaba el fiscal en el citado informe.

Por ello, instó al tribunal a aceptar la reclamación que los dos sindicatos policiales elevaron en contra de la decisión del Ejecutivo catalán. Así lo ha hecho.

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