Será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la instancia que determine si la Generalitat vulnera los derechos lingüísticos de los menores al no facilitar la enseñanza en castellano.
Así lo ha decidido el Gobierno de Pedro Sánchez y lo ha trasladado por escrito a los diputados en el Congreso. Responde, de este modo, a una pregunta del Grupo Parlamentario Vox del pasado 21 de julio.
En ella, el grupo de extrema derecha planteaba si el Ejecutivo preveía “promover alguna medida frente a la inacción de la Generalitat de Cataluña”.
Ante ello, el Gobierno defiende que son los Tribunales de Justicia “los únicos competentes para determinar el incumplimiento de la norma vigente”. Asimismo, los que “pueden requerir el cumplimiento de sus sentencias”.
En su pregunta, Vox se refería a unas informaciones que daban cuenta de la petición al Govern de 28 familias para que hiciera efectivo el derecho de sus hijos a acceder a una educación en castellano.
El TSJC ya sentenció en ese sentido
De hecho, el TSJC acordó en diciembre que resultaba obligatorio impartir al menos un 25% de las clases en castellano en todo el sistema educativo. No sólo para las familias que lo demandaran.
La Generalitat, en cambio, dice Vox, sigue “sin adoptar las medidas necesarias para garantizar” dicha resolución. De ahí que preguntara al Ejecutivo si actuará en ese sentido.
A ese respecto, el Gobierno indica que “ante la posibilidad, si es real y contrastada, de que estuviesen siendo vulnerados los derechos lingüísticos en el ámbito educativo y no cumplieran con lo que establece la norma, el Estado en su conjunto, incluidas las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias, pondrían en marcha los mecanismos de control de la legalidad con respeto del reparto competencial que establece la Constitución Española”.
Además, la formación de Santiago Abascal preguntaba si el Ejecutivo instará a la Fiscalía General del Estado para que actúe. “En orden a la defensa del interés público por la falta de acatamiento de la sentencia del TSJC”, justifica.
A ello, el Gobierno responde que “actúa siempre con respeto a la plena autonomía del Ministerio Fiscal”.