El escándalo en el que está involucrado Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está teniendo más ramificaciones que las meramente políticas y puede acabar por convertirse en un crimen contra una o varias personas.
De hecho, Andrew Bakaj, abogado del principal informador del asunto por el que está siendo investigado el mandatario para un posible impeachment en la Cámara de Representantes estadounidense ha denunciado que puede estar siendo puesto en peligro tanto la familia como el propio testigo.
Por eso ha enviado una carta a la Casa Blanca expresando su “profunda preocupación de que el presidente de Estados Unidos está empleando tal retórica que tanto mi cliente, informador de la comunidad de Inteligencia, como su familia, podrían acabar en peligro físico”.
Trump y otros responsables de la Administración han arreciado los ataques contra este denunciante, que permanece en el anonimato. Desde que se supo de su existencia, el magnate neoyorquino y su círculo más cercano llevan exigiendo que se revele su identidad, mientras que van socavando su credibilidad, acusándolo de partidismo.
Lo que el presidente parece ignorar, más bien obviar deliberadamente, es que la legislación del país acerca de denuncias anónimas protege expresamente a los denunciantes con el fin de poder investigar los hechos denunciados y prohíbe que se revele su identidad para que no se conviertan en víctimas de extorsión o persecución.
El informador denunció que la Casa Blanca, y Trump encabezándola, presionó al Gobierno de Ucrania para que le entregará cualquier información negativa acerca de los negocios en ese país europeo del hijo de Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos y el más que posible rival del mandatario en las elecciones Presidenciales de 2020.
Así, Bakaj, en la misiva dirigida a Pat Cipollone, abogado presidencial, advierte a Trump del “peligro ético y legal al que se expone” si alguna persona termina “haciendo daño tanto al informador como a su familia como consecuencia de su comportamiento”.