Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pretende otra vez que se anule la ley de sanidad pública en el país. Para ello, el Departamento de Justicia estadounidense ha pedido al Tribunal Supremo anular la Ley de Cuidados Asequibles, conocida como Obamacare.
Y lo hace cuando el gigante americano sufre intensamente la epidemia de coronavirus. En EEUU hay más de dos millones de personas contagiadas y más de 120.000 muertos.
La sanidad pública garantiza que millones de ciudadanos estadounidenses tengan seguro médico. Sigue en vigor aunque tiene pendientes varios recursos.
Así, Noel Francisco, procurador general de Estados Unidos, ha solicitado que se anule esa norma porque “no debería seguir en vigor”. Sostiene que el mandato de cobertura individual y dos importantes apartados de la ley ya se han invalidado.
Ahora, el Tribunal Supremo escuchará los argumentos en los próximos meses pero hay dudas sobre si tomarán una decisión antes de las elecciones presidenciales. Esta es la tercera vez que el alto tribunal estadounidense tiene que debatir un recurso contra esta norma aprobada durante la presidencia de Barack Obama.
Sobre la arena, por un lado, una coalición de fiscales generales bajo el liderazgo del de California y la Cámara de Representantes, a favor de la ley de sanidad pública. Al otro, el Gobierno del presidente y los congresistas del Partido Republicano.
Alrededor de medio millón de personas han utilizado el Obamacare a lo largo de este año después de quedarse sin seguro sanitario. En sí, la cuestión está en las coberturas, sino en la obligación que marca la ley de tener un seguro médico. El Congreso redujo a cero el importe de las sanciones por no tenerlo.
Un tribunal de apelación dejó en el aire la validez de la ley de sanidad pública
Un tribunal de apelaciones dictó en diciembre que esa obligación era inconstitucional pero no clarificó la validez de la norma. Hacía recaer la responsabilidad de esa decisión sobre el tribunal de distrito acerca de considerar sea algún apartado de la ley debía mantenerse.
Alineada la Administración Trump del lado de los fiscales generales republicanos, hace poco sostuvo que la norma solo tendría que anularse completamente en los 18 estados que la habían recurrido por vía judicial.
El procurador general defiende que el resto de la Ley de Cuidados Asequibles no puede seguir vigente ya que esos tres aspectos fundamentales, incluido el de la obligación de tener un seguro médico, están anulados.
A más, asegura que “toda la ley” debe ser anulada al haber sido cancelado el mandato individual. De hecho, sostiene, que el proceso debe girar en torno los apartados que lesionan los derechos de los demandantes.
Por su lado, Nancy Pelosi, la demócrata presidente de la Cámara de Representantes, critica la decisión del Gobierno estadounidense. “La campaña del presidente Trump y los republicanos para retirar las protecciones y los beneficios de la Ley de Cuidados Asequibles en medio de la crisis del coronavirus es un acto de crueldad inconmensurable”, denuncia.
En esa misma línea se ha manifestado Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia. “El Gobierno está presentando un escrito ante el Tribunal Supremo para quitar la cobertura sanitaria a 23 millones de estadounidenses, incluidos 224.000 ciudadanos de Wisconsin”, dijo.
Poco antes, Trump había visitado ese estado. “Cada estadounidense merece la tranquilidad de una cobertura sanitaria de alta calidad y asequible”, apostilló.